Las Cortes autonómicas han acordado trasladar al Gobierno central el rechazo de Castilla y León a la implantación de peajes en las autovías por parte de Portugal y a solicitar al Ejecutivo de Rajoy que impulse la negociación con el país vecino para la supresión de los mismos por su impacto negativo en el sector del transporte en particular.
En una proposición no de ley, el socialista Ignacio Martín Benito defendió que la Junta “no puede ser insensible” ante la preocupación y el impacto de la implantación de un peaje desde el pasado 8 de diciembre en las autovías de Portugal, una de ellas con conexión con Castilla y León, la A-23, que une Abrantes y la localidad de Fuentes de Oñoro.
Martín Benito subrayó que un vehículo que entre por Fuentes de Oñoro para ir a Lisboa pagará entre 60 y 120 euros de peaje, si es categoría uno o dos, en un trayecto de ida y vuelta y expresó la “gran preocupación” de los sectores empresariales españoles. En su propuesta, reclamó a la Junta que se dirija a Galicia y la Región Norte de Portugal para fijar una posición común en el marco de la macro-región para la supresión de los peajes e impulsar la negociación entre los gobiernos de España y Portugal.
El popular Juan Cruz aseguró que la Junta comparte la preocupación por la implantación de esos peajes, pero apuntó a por qué el anterior Gobierno no hizo nada cuando la medida se conoció en marzo y se materializó el pasado mes de diciembre. “Antes no se han preocupado por este asunto”. Al final, se acordó la enmienda presentada por el Grupo Popular en la que se mira al Gobierno central para trasladar “nuestro rechazo” a los peajes en el país vecino y su supresión para que, tras la consulta a los ejecutivos de la macro-región ‘Regiones del Sudoeste Europeo’, y del resto de comunidades afectadas, impulse la negociación con el Gobierno de Portugal.
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