Con el Gobierno socialista a punto de dar el relevo al nuevo Ejecutivo del PP liderado por Mariano Rajoy, el Ministerio de Cultura ha dejado en el aire el futuro de nuevos envíos a Cataluña de documentos del Centro de la Memoria Histórica. Mientras se resuelven los procesos judiciales pendientes, crecen las peticiones para que la Generalitat devuelva los documentos recibidos durante los últimos años. La última, del investigador y técnico en patrimonio, Policarpo Sánchez, quien considera irregular el envío realizado desde 2006.

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ya ha anunciado que la Junta estudiará sus posibilidades legales de reclamar los documentos que han salido del Centro de la Memoria Histórica de Salamanca. García precisó que analizará todos los documentos que han salido y los que se han digitalizado, porque hay expertos que consideran que el proceso se ha abordado de forma incorrecta y se han enviado legajos a Cataluña que nunca deberían haber abandonado el centro. 

 
Por su parte, el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, considera la Ley de Memoria Histórica como “injusta, inadecuada y que ataca contra el patrimonio de todos los españoles”, por lo que insta al nuevo Gobierno que trate este tipo de decisiones desde el consenso y no desde la imposición, "como se ha venido haciendo hasta ahora".

Una Ley que precisamente está recurrida ante el Tribunal Constitucional desde 2005, aunque todavía no se conoce resolución alguna. Aún así, tanto Ayuntamiento de Salamanca como Junta de Castilla y León aclaran que no tomarán ninguna decisión hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso planteado por la Junta y apoyado por el PP en el Congreso y en el Senado, contra la desmembración del Archivo de la Guerra Civil.

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