CSI-F Enseñanza Castilla y León lamenta profundamente y rechaza la decisión de la Consejería de Educación de no proseguir con la tramitación de la Ley de Autoridad del profesorado. "La Consejería de Educación ha echado por tierra un importante trabajo que se había llevado a cabo desde comienzos de la presente legislatura y ha desaprovechado la oportunidad de favorecer la convivencia en los centros y de dignificar la importante labor que el profesorado desempeña en nuestra sociedad", afirma en un comunicado.

El sindicato mayoritario entre los funcionarios explica que la Administración justifica esta decisión en el deseo de esperar a una futura regulación de algunos de estos aspectos en la LOMCE y sus posteriores desarrollos. "Desde CSI-F no podemos menos de manifestar que esa justificación es poco consistente y que supone aplazar su posible promulgación más allá de la presente legislatura; y, sin embargo, en los últimos días hemos conocido que la LOMCE tardará, al menos, año y medio en “imponerse” y además habría que esperar a sus desarrollos posteriores. No entendemos que se ponga freno a una Ley, casi en su trámite final, por esperar a una decisión del Gobierno central. No entendemos que la Consejería de Educación obvie al profesorado de esta comunidad haciendo oídos sordos a un tema demandado por los docentes. No entendemos que se pase por alto los acuerdos tomados en Mesa Sectorial con los representantes sindicales y se ninguneen las decisiones aquí consensuadas".

Por tanto, el sindicato considera que esta decisión supone un desprecio hacia los ciudadanos, el profesorado y los representantes de la comunidad educativa, "que aportaron sus ideas al anteproyecto, a instancias de la propia Consejería, a través del Portal de Educación, del Consejo Escolar autonómico y de las Mesas de Negociación". Supone, además, "un desprecio hacia los representantes del profesorado que integran la Mesa Sectorial, a los que no se les ha notificado esta nueva situación, haciendo un flaco favor al espíritu de diálogo que ha caracterizado las relaciones de las Organizaciones Sindicales y la Consejería".

En conclusión, "se arroja por la borda un trabajo de toda la sociedad castellano y leonesa que estaba muy avanzado, se supedita el interés de la Comunidad al del Estado y, lo que es peor, se da un importante frenazo a la regulación de la convivencia en nuestros centros educativos y, por ende, a la calidad y eficiencia de la educación en nuestra comunidad. Por todo ello, desde el Sector de Enseñanza de CSI·F Castilla y León pedimos al Consejero de Educación que rectifique en su decisión de aplazar la tramitación de esta Ley de Autoridad del Profesorado y entre en vigor en los plazos inicialmente previstos".

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