El sindicato mayoritario entre los funcionarios explica que la Administración justifica esta decisión en el deseo de esperar a una futura regulación de algunos de estos aspectos en la LOMCE y sus posteriores desarrollos. "Desde CSI-F no podemos menos de manifestar que esa justificación es poco consistente y que supone aplazar su posible promulgación más allá de la presente legislatura; y, sin embargo, en los últimos días hemos conocido que la LOMCE tardará, al menos, año y medio en “imponerse” y además habría que esperar a sus desarrollos posteriores. No entendemos que se ponga freno a una Ley, casi en su trámite final, por esperar a una decisión del Gobierno central. No entendemos que la Consejería de Educación obvie al profesorado de esta comunidad haciendo oídos sordos a un tema demandado por los docentes. No entendemos que se pase por alto los acuerdos tomados en Mesa Sectorial con los representantes sindicales y se ninguneen las decisiones aquí consensuadas".
Por tanto, el sindicato considera que esta decisión supone un desprecio hacia los ciudadanos, el profesorado y los representantes de la comunidad educativa, "que aportaron sus ideas al anteproyecto, a instancias de la propia Consejería, a través del Portal de Educación, del Consejo Escolar autonómico y de las Mesas de Negociación". Supone, además, "un desprecio hacia los representantes del profesorado que integran la Mesa Sectorial, a los que no se les ha notificado esta nueva situación, haciendo un flaco favor al espíritu de diálogo que ha caracterizado las relaciones de las Organizaciones Sindicales y la Consejería".
En conclusión, "se arroja por la borda un trabajo de toda la sociedad castellano y leonesa que estaba muy avanzado, se supedita el interés de la Comunidad al del Estado y, lo que es peor, se da un importante frenazo a la regulación de la convivencia en nuestros centros educativos y, por ende, a la calidad y eficiencia de la educación en nuestra comunidad. Por todo ello, desde el Sector de Enseñanza de CSI·F Castilla y León pedimos al Consejero de Educación que rectifique en su decisión de aplazar la tramitación de esta Ley de Autoridad del Profesorado y entre en vigor en los plazos inicialmente previstos".
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