Desde CSI·F Castilla y León se considera que estas medidas, enmascaradas por un lenguaje ambiguo y aparentemente moderado, amenazan el mantenimiento de los servicios básicos que reciben los ciudadanos y suponen un ataque a la profesionalidad y dignidad de sus trabajadores al presentarlos ante la sociedad como presuntos culpables de la crisis que nos afecta y sugerir que el menoscabo de sus derechos es la solución a dicha crisis.
En primer lugar, se aumenta de forma unilateral, y sin ningún tipo de negociación, la jornada laboral de los trabajadores en 2,5 horas semanales, medida en apariencia inocua y solidaria que sería fácilmente aceptada por todos si, en sí misma, constituyese una ayuda para mantener las calidad de los servicios públicos que, con sus impuestos, pagan los ciudadanos. Pero tras esta apariencia se esconde la intención de la Junta de Castilla y León de cuadrar sobre el papel unos horarios que les permitan extinguir puestos de trabajo o no cubrir otros ya previstos y presupuestados en las distintas RPTs, con lo cual dejarían en la calle a cientos de trabajadores interinos a los que considerarán “innecesarios”
Esto, unido a la congelación de la oferta de empleo público salvo servicios esenciales, va a generar la pérdida de cientos de puestos de trabajo por la disminución del número de Aún así, nos felicitamos de que se proponga la reorganización del sector público de la Comunidad, mediante la reducción del número de empresas, entes y fundaciones; la aplicación de las medidas de jornada, oferta pública y retributivas de la Junta a este tipo de entidades; y la racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social. Pero queremos ver llevar a cabo estas actuaciones con números y datos concretos.
El Sindicato CSI·F considera inadmisible que los trabajadores funcionarios y laborales de la Administración se conviertan de nuevo en la diana de las medidas de austeridad como si fuesen los responsables de una situación a la que nos han conducido los errores, por no decir otra cosa, de los políticos.
CSI.F se opone a estas medidas y confía en la palabra de la Consejera de que se trabajará en las distintas mesas de negociación buscando un acuerdo antes de que las Cortes de Castilla y León aprueben las leyes que las recojan.
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