Esta encuesta de opinión forma parte de la campaña por la dignificación del empleado público que, desde hace unos meses, mantiene la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Los resultados de las respuestas servirán, a la organización sindical independiente, “para reiterar la necesidad de dignificar el trabajo del empleado público, y de recuperar unos derechos y unas condiciones laborales injustamente arrebatadas, al culpabilizar y responsabilizar los políticos al empleado público de una crisis y de una coyuntura económica, de la que sólo hemos sido una víctima más”, considera el presidente autonómico de CSI-F, Carlos Hernando. La presentación de la encuesta coincide con la entrega a la Junta, por parte de la organización sindical independiente, de un paquete de propuestas para dignificar la imagen del empleado público. CSI-F presentó estas prepuestas el viernes, en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, con motivo de la celebración de la reunión del grupo de trabajo ‘Dignificación del Empleado Público’.
La Junta de Castilla y León, durante la negociación del acuerdo para el pago de la parte devengada de la paga de Navidad suprimida en 2012, se comprometió a llevar a cabo una serie de iniciativas complementarias, como es la de tomar medidas encaminadas a dignificar la imagen y el trabajo de los empleados públicos. CSI-F plantea a la administración regional cuestiones como la aprobación de un declaración institucional en defensa del empleado público; campañas publicitarias sobre el papel de servidor a la sociedad del empleado público; un manual de buenas prácticas; una campaña de visitas de los altos cargos a los diferentes centros de trabajo, para mantener un contacto más cercano con los trabajadores; unas jornadas de puertas abiertas con diversas actividades, para acercar los servicios públicos al ciudadano; o la convocatoria del Premio Solidario Empleado Público, para poner en valor el papel de los servicios públicos en la sociedad.
CSI-F lamenta que la actual crisis económica y los recortes económicos hayan servido de excusa para castigar al colectivo de los empleados públicos, con la supresión de derechos, deterioro de las condiciones laborales, disminución de plantillas o reducción salarial; aspectos que, para la organización sindical, repercuten en la pérdida de calidad de los servicios públicos. Por el contrario, la Administración ha reiterado en los diferentes foros y mesas de negociación en los que ha coincidido con CSI-F, que los ajustes realizados no han afectado a la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, ni sustancialmente a las condiciones laborales de sus trabajadores.
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