El sindicato CSI-F se opone al cambio normativo en el proceso de admisión de alumnos que se traduce en la reducción de las zonas de adscripción y en la unificación de los procesos de reserva de plaza y libre elección de centro, todo ello justificado como una mejora que permitirá a los padres ejercer su derecho a la libre elección de centro. Así, manifiesta su rotunda oposición a que se modifique la normativa puesto que lo consideran “un nuevo ataque a la enseñanza pública para favorecer intereses privados, rechazamos las formas en las que se pretende imponer una norma más sin contar con los representantes de la comunidad educativa”.
 
En primer lugar, explica que no puede justificarse en la libre elección de centro por parte de las familias, dado que dicho argumento olvida al 20% de la población de la Comunidad, que vive en zonas rurales, así como a las familias que viven en zonas urbanas periféricas que no resultan económicamente atractivas para los centros concertados. “La progresiva tendencia a zonas únicas de escolarización satisface una reivindicación histórica de la patronal de la enseñanza concertada y busca, más que incrementar la libertad de elección de centro por parte de las familias, aumentar la capacidad de los centros para seleccionar a su alumnado al desaparecer la puntuación otorgada por proximidad al domicilio. Sin embargo dicho criterio choca con el utilizado por 27 de los 33 países miembros de la OCDE, que mantienen la cercanía al centro como prioritaria para asignar un colegio”, añade.
 
Además, CSI-F considera que la Administración antepone un pretendido derecho relativo, como es el de la libre elección de centro, a otros como el del acceso en condiciones de igualdad y la adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. “Entendemos, por ello, que el verdadero problema que tiene que acometer la Consejería es, tal y como se establece en el artículo 87 de la LOE, lograr un mayor equilibrio en la admisión de alumnos, con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades”.
 
El sindicato denuncia que se favorece a las familias con posibilidades económicas frente a las que no las tienen, dado que las primeras disponen de medios y tiempo para trasladar a sus hijos a centros alejados mientras que los segundos han de optar por el centro más próximo. Además, no se impide que los centros concertados hagan cargos económicos a las familias en conceptos de lo más peregrino que, de hecho, suponen un filtro para familias con pocos recursos. “Se equipara de hecho la red privada-concertada con la pública y desaparece el criterio de subsidiariedad que ha de tener la red concertada”, apostilla.
 
Finalmente, CSI-F avisa de que los centros con menos demanda, “que en la mayor parte de los casos coinciden con los que escolarizan un desproporcionado porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales”, se van a encontrar con más dificultades al tener que competir con un mayor número de centros, lo que en un contexto de inflación de la oferta educativa de plazas, provocará su progresivo desmantelamiento y posterior cierre, mientras por el contrario se garantiza el mantenimiento de los centros concertados, que son los únicos a los que se permite poner en práctica reprobables procedimientos de selección del alumnado.

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