El Ejecutivo extremeño ha anunciado que en el próximo ejercicio abonará a sus empleados públicos la parte devengada de la extra de Navidad correspondiente a 2012, antes de que entrara en vigor el decreto de recortes del Gobierno (44 días para el personal funcionario y una media de 350 euros por trabajador). Se trata de la segunda comunidad que toma esta decisión en menos de quince días. La semana pasada lo anunció la Junta de Castilla y León, también gobernada por el PP, después de los diferentes pronunciamientos judiciales que se han producido dando la razón a los trabajadores.
 
Se trata de las primeras administraciones autonómicas de este país en las que se reconoce de manera implícita que la retirada de la paga extra de Navidad en 2012 fue una decisión contraria a derecho, puesto que cuando entró en vigor el decreto de recortes, los empleados públicos ya habían devengado 44 días. El presidente de CSI-F, Miguel Borra, abordará esta cuestión con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alfonso Alonso. CSI-F entiende que, tal y como ha ocurrido en las cortes castellanoleonesas y extremeñas, el Congreso de los Diputados debe realizar un pronunciamiento similar para que el Gobierno generalice en el conjunto del Estado la devolución de la paga extra.

De la misma manera, CSI-F, como sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclama al Ministerio de Hacienda una reunión urgente para hacer extensiva esta devolución al resto de empleados públicos del Estado. Así,  considera que "este derecho es un clamor, ante las diferentes resoluciones judiciales que se están produciendo en el conjunto del Estado y las cuestiones de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional tiene actualmente encima de la mesa". Por tanto, confía en que la devolución "debe ser cuestión de tiempo".

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