Facua-Consumidores en Acción reclama a los ayuntamientos y autoridades de Consumo y Salud que desarrollen amplias campañas de inspección de establecimientos en Semana Santa para evitar que se cobren precios abusivos, fundamentalmente en alimentación, y también para garantizar la conservación de dichos alimentos.

Asimismo, la asociación advierte a los consumidores ante los posibles abusos que pueden sufrir durante este periodo por parte de determinados establecimientos de hostelería que incumplen la legislación en relación a los precios que ofrecen durante dicha semana. Además, alerta sobre la proliferación de puestos ambulantes ilegales.

Facua recuerda que todo establecimiento de hostelería debe contar con una lista de precios expuesta al público de forma visible. Además, la Asociación aconseja a los usuarios que se aseguren del importe de las consumiciones que van a realizar para evitar sorpresas en el recibo final, dado que numerosos locales deciden aplicar subidas en sus precios en estas fechas. Estos incrementos son legales, siempre que los precios se informen correctamente.

La asociación también aconseja tener especial precaución con las condiciones higiénicas de los alimentos que se consumen, por el riesgo de sufrir intoxicaciones. La Asociación recuerda que las comidas que estén preparadas expuestas al público deben estar dentro de vitrinas y que se debe desconfiar de las que no se encuentren en estas condiciones.

Proliferación de establecimientos ambulantes ilegales

Facua advierte a los usuarios sobre la proliferación durante Semana Santa de establecimientos ambulantes ilegales, que carecen de las correspondientes licencias para ofrecer el correspondiente servicio al público. Estos comercios pueden no ofrecer las debidas garantías a los consumidores sobre el origen, calidad y conservación de los productos que venden, además de suponer una competencia desleal para los establecimientos legales.

La asociación recomienda a los usuarios que denuncien cualquier irregularidad que detecten en relación a la ausencia de información sobre precios, las condiciones de higiene y conservación de los alimentos en la venta ambulante ilegal a través de la policía local, autoridades de protección al consumidor municipales o autonómicas o asociaciones de consumidores.

 

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