La Cumbre Social de Salamanca ha convocado a los medios de comunicación, en la mañana de este martes, para tratar lo referente a las medidas que el actual Gobierno está llevando a cabo en relación a las pensiones. Han intervenido Luciano Ramón Arcos y Juan Francisco Santos Hernández, integrantes de asociaciones de pensionistas. Ambos han criticado que el Gobierno se haya saltado el Real Decreto por el cual se establecía la no revalorización de las pensiones. A pesar de esto, los populares, según Ramón Arcos, “pretenden que los derechos sean solo para aquellos que los puedan pagar”. Por otro lado, señaló “que este era el único compromiso que al Gobierno le quedaba por incumplir de su programa electoral. Según este colectivo, entre los mayores existe “miedo y preocupación” por esta revalorización.
Así las cosas, afirman “que en los últimos meses los pensionistas nos hemos visto engañados, perjudicados y masacrados por un Gobierno irresponsable e incompetente haciendo que retrocedamos varios años atrás en nuestros derechos”. Denuncian, de la misma manera, el empobrecimiento de los pensionistas por medidas como la congelación de las pensiones, la subida del IRPF, subida del IVA, del IBI, el copago farmacéutico y transporte sanitario, recorte en la ayuda a domicilio, en dependencia y teleasistencia, el céntimo sanitario, subida del transporte público, dos subidas en el recibo de la luz, etcétera., viéndose mermado el poder adquisitivo del colectivo de mayores.
En la Comunidad de Castilla y León la media de la pensión se sitúa en torno a los 810 euros. En el caso de Salamanca, sobre los 760 euros. En otras ocasiones, según se insiste desde la Cumbre Social, “muchas de las pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional”. Debido a esto, “las Comunidades Autónomas deberán capear los gastos”. Además, también han señalado que, a parte de hacer frente a los hechos anteriores, muchos de los pensionistas se ven en la obligación de ayudar a las familias que pasan momentos económicos difíciles “poniéndole también precio a nuestros derechos, como el caso de reclamar alguna injusticia teniendo que pagar por las tasas judiciales”.
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