El sindicato CSI-F denuncia que la secretaria general de Fomento y Medio Ambiente, Carmen Ruiz Alonso, planea un cierre encubierto de los laboratorios de calidad de Castilla y León, exceptuando Valladolid y Burgos. El laboratorio de calidad es un servicio público, dependiente de la Consejería de Fomento, del cuál se sirve la propia Administración así como las empresas que lo demanden. Entre sus funciones están las catas de terrenos o calibración de morteros, por lo que la utilidad de este laboratorio está estrechamente vinculada a la obra civil.

La titularidad pública de este laboratorio es su principal garantía de imparcialidad y neutralidad, aspecto éste muy relevante puesto que el control de calidad es competencia de la Administración, explica CSI-F. Y añade que con unas tasas un 30% más caras que los laboratorios privados, sospecha que lo que se persigue es el cierre definitivo de este servicio de laboratorio. "Un recorte más de otro servicio público en lugar de optimizar su eficacia y servicio al usuario".  

Por su parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT considera inadmisible este cierre, pues afecta a una plantilla de 75 trabajadores (17 funcionarios y 58 laborales). Para el sindicato esta medida "está tomada en base a unos criterios insuficientemente justificados y sin especificar ni cuándo ni cómo se restablecerá la actividad de estos centros".
 
Y añade: "En todo caso, en los tiempos que corren de austeridad y contención del gasto público, la Junta de Castilla y León y más aún el señor Silván, deben exigir que toda obra pública financiada por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sea controlada y vigilada por los Laboratorios de Control de Calidad de los que dispone la Consejería de Fomento, evitando así, la duplicidad de gasto y garantizando la imparcialidad, objetividad y eficacia de los resultados".

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