Policarpo Sánchez aseguraba que “los asistentes no saben qué van a votar”, ya que “no se ha informado la relación de documentos que contienen las cajas y que se enviaría a Cataluña”, por lo que solicitan que “se levanten, estudien los listados y pidan una nueva reunión”. Hasta que no se realice el listado completo la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca “no haremos una valoración sobre si es legal”, y en caso de considerar que no lo es “tomaremos medidas legales ante la Audiencia Nacional”. Policarpo Sánchez consideraba que, de salir una nueva remesa de documentos, sería “la sentencia de muerte del archivo”, un golpe propiciado “por motivos políticos ya que todos los gobiernos hablan catalán en la intimidad”.
Una de las denuncias de Policarpo Sánchez es que “el Gobierno no le obliga a cumplir la ley a Cataluña”, ya que debería exigirle “restituir la documentación que mantiene ilegalmente antes de pedirla. Incluso aseguraba que cuando estaba en la oposición el Partido Popular organizó “una manifestación con la que llenaron la Plaza Mayor”, pero en cambio ahora “no pasa nada”. Por ello pedía “la ayuda de los españoles, porque el Archivo somos todos, a través de donativos en la cuenta de la asociación, hacerse socios…”, y que de este modo “el expolio no se llegue a consumar”. Unos papeles que según Policarpo Sánchez “forman parte del patrimonio español”, y tienen un valor económico que superaría “los millones de euros”.
Más crítico aún se mostró José Luis Ingelmo con Cataluña, ya que aseguraba que “quiere acabar con España”. Pedía incluso “que se aplique la ley con collons”, ya que consideraba que la Generalitat ha optado por la estrategia de “divide y vencerás”.
VOX Salamanca ha emitido, también, un comunicado en favor de la unidad del Archivo
"Desde Vox Salamanca, con el apoyo expreso de Vox Valencia y Vox España, conscientes de la inminente salida de documentos del Archivo Histórico de Salamanca con dirección a la Generalidad de Cataluña, así como de que entre las casi 300 cajas que saldrán en unos días se incluyen –como en otras ocasiones- documentos que no deberían de salir del mencionado Archivo, según la infame ley de Zapatero 21/2005, hemos solicitado del Director del Centro, del Subdirector de Archivos Nacionales y de los Miembros del Patronato, que antes de proceder a la remisión de la citada documentación se realicen las oportunas comprobaciones que eviten así el envió ilegal de documentación y el daño irreparable que con la misma se efectúa al Archivo como Patrimonio Nacional
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