Así, la mayoría de las 5.000 denuncias en materia de residuos tramitadas el pasado año en la Comunidad estuvieron relacionadas con los vertidos de escombros, mientras que 1.300 se debieron a vertidos ilegales de residuos peligrosos -explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, cancerígenos o infeccioso- . Además, se procedió penalmente contra 16 personas. Estas cifras podrían superarse en 2013, dado que sólo en los cuatro primeros meses del año el Seprona ya ha tramitado 2.500 denuncias en esta materia, según los datos facilitados a la Agencia Ical por la Benemérita.
Aunque no se puede hablar de bandas organizadas y detrás de la mayoría de las denuncias sólo está la picaresca de aquellos que quieren ahorrarse unos cuantos euros en la reforma de su vivienda -en la provincia de Valladolid la gestión de un contenedor de cinco metros cúbicos cuesta unos 120 euros-, en algunos casos la Guardia Civil se ha tenido que enfrentar a empresas fantasmas que actuaban sin licencias.
Así, el Seprona de la Comandancia de León ha llevado a cabo en los últimos meses las denominadas Operación Reciclaje I y Reciclaje II, dispositivos que se han saldado con la detención de tres personas y la imputación de otras dos, todas ellas relacionadas con empresas de recogida de residuos, por el vertido irregular de 7.000 toneladas de escombros sin realizar el correspondiente tratamiento de valorización en una planta autorizada.
Desde la Benemérita también se destaca otra operación desarrollada por el Seprona de la Comandancia de Burgos por la gestión irregular de residuos, con la imputación de otras dos personas, todas ellas como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La normativa prevé siempre un responsable en todo el proceso de producción o gestión de los residuos, por lo que la Guardia Civil alerta de que en más de alguna ocasión ha acabado siendo imputado el propietario de la finca en la que se realiza un vertido incontrolado. En sentido, las mismas fuentes de la Benemérita resaltan que en más de una ocasión los destinatarios de las denuncias son los propios ayuntamientos al permitir que determinados lugares funcionen como escombreras.
Sanciones
Aunque la capacidad sancionadora corresponde a la Junta, concretamente a la Dirección General de Calidad Ambiental, tras la reforma del Código Penal en 2010 en materia de protección del medio ambiente y al objeto de su armonización con la normativa de la Unión Europea, se incorporaron varios supuestos como los recogidos en los artículos 325 y 328, donde se castiga penalmente conductas como las emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, el establecimiento de depósitos vertederos de residuos, que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas. Estas conductas pueden ser castigadas con penas de prisión de hasta dos años.
En el caso de las sanciones, éstas oscilan de entre los 600 euros en el caso de una infracción considerada leve, cantidad que en el caso de los residuos peligrosos se eleva hasta los 6.000, hasta 1.200.000 euros en el caso de las muy graves.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios