El número de menores infractores en la provincia de Salamanca ha descendido en los últimos años. Así lo asegura la responsable de la Gerencia de Servicios Sociales de Salamanca, Blanca García Miguel, y lo demuestran las cifras, ya que en el último año han sido 54 los menores que han pasado tanto por los  centros propios -un total de 43- como por los que tienen convenios de colaboración -11-.
 
La Junta de Castilla y León cuenta con dos centros propios, Zambrana y Los Manzanos, ambos en Valladolid,  el primero para el internamiento de los menores infractores de la Comunidad, mientras que el segundo para convivencia en grupo educativo. Además, también tienen convenios con otros centros privados en todas las provincias en los que se realizan numerosos programas de apoyo.
 
Pese a que durante el 2013 pasaron por los centros propios un total de 43 menores, a fecha 31 de diciembre de 2013 tan solo había 15, de los que 14 estaban en el centro Zambrana y solo 1 en Los Manzanos. En Zambrana 12 estaban con medidas firmes en régimen semiabierto -es decir, que realizaban actividades fuera del centro acompañados de técnicos o tenían permisos de salida-, 1 se encontraba en régimen cerrado -solo pueden realizar actividades fuera del centro acompañados- y 1 cumplía como medida cautelar un régimen semiabierto. Por último en Los Manzanos, el 31 de diciembre de 2003 solo había un menor en convivencia en grupo educativo.
 
Ley del Menor 5/2000
 
El artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores establece  las medidas susceptibles de ser impuestas a los mismos. Así, las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes: internamiento en régimen cerrado; internamiento en régimen semiabierto; internamiento en régimen abierto; internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto; tratamiento ambulatorio; asistencia a un centro en día; permanencia de fin de semana; libertad vigilada; prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima; convivencia con otra persona o grupo educativo; prestaciones en beneficio de la comunidad; realización de tareas socio-educativas; amonestación; privación del permiso de conducir; y por último inhabilitación absoluta.

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