Una de las primeras de las preguntas de esta encuesta se ha referido precisamente a la apertura de la gestión de los recursos humanos de las administraciones públicas a las ETT: el 39% de los encuestados considera que la modificación de esta ley contribuirá a mejorar la gestión de los recursos humanos en las Administraciones Públicas.
La ley de reforma laboral de 2012 contempla por primera vez “el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público”. Además, los Presupuestos Generales del Estado, recientemente presentados, establecen fuertes recortes en el sector público y han provocado por parte de ciertos sectores (CEOE) la propuesta de la eliminación de hasta 900.000 cargos públicos. Un 70% de los encuestados considera necesarias y correctas las medidas aprobadas por el Congreso para situar un máximo de gasto público.
Casi la mitad de los responsables consultados (48%) afirma que se buscarán soluciones alternativas a la contratación de personal para cubrir necesidades de cara a la ciudadanía y un 46% cree que se limitará la contratación de efectivos. Consecuentemente, el 55% de los encuestados está convencido de que en los próximos meses la plantilla de la administración pública donde desempeñan sus funciones disminuirá. Además, la mayoría (65%) opina que esa disminución será de entre un 1% y un 5%.
Para el 64%, el ámbito de la reposición de efectivos dentro de la Administración será con diferencia el sector donde más recortes económicos se realicen. Cuando se les pregunta cómo será el futuro de los Recursos Humanos el 40% estima que tras la crisis nacerá una nueva forma de ver los RRHH en las Administraciones Públicas. Por su parte, un 29% opina que el sector público cambiará pero en pequeña proporción y un 22% cree que los cambios serán escasos pero importantes.
Procesos de selección y evaluación
El Estatuto Básico del Empleado Público establece unos procesos de selección en virtud de criterios como la igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Pero ¿son realmente eficaces? ¿Están adaptados a las necesidades actuales? Estas cuestiones se han planteado a los responsables de las distintas administraciones públicas encuestados y la respuesta ha sido rotunda: para el 78% los procesos de selección no son eficaces y no se adaptan a las necesidades actuales. Por otra parte, los encuestados no solo no están conformes con los procesos de selección sino que además, en su gran mayoría (85%), reconocen que su administración no tiene correctamente desarrollado el sistema de evaluación de desempeño de su trabajo, tal y como establece la Ley (artículo 20 del EBEP).
Lo que más preocupa a la mayoría de los responsables de administraciones públicas encuestados (64%) es la resistencia al cambio cultural por parte del empleado público para asumir pautas distintas en su trabajo. En segundo lugar (57%) se encuentra la falta de motivación del personal. La inexistencia de flexibilidad y el sobredimensionamiento de las plantillas se sitúan al mismo nivel entre las inquietudes de los empleados (39%). La falta o inexistencia de desarrollo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) estaría en el cuarto lugar, seguida por la incorrecta retribución salarial (27%) y la falta de descentralización de las organizaciones serían los problemas que menos inquietud causarían a los trabajadores.
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