La conflictividad en las aulas es reflejo de un problema social de gran calado, y está asociado a aspectos tan diversos como el abandono de las responsabilidades educativas por parte de las familias (el incumplimiento de las normas de convivencia establecidas en los centros), la crisis de valores, el descrédito de la autoridad, la situación del sistema educativo, la violencia ambiental que rodea a los niños y jóvenes y el mal uso de las nuevas tecnologías. Todas las carencias de la estructura social exigen a la escuela y al profesorado un esfuerzo enorme, que no va acompañado del reconocimiento de la importancia y la dignidad de la tarea que se les encomienda.
Entre los casos atendidos por el Defensor del Profesor el curso pasado, la mayoría requirieron asesoramiento general, seguidos de casos que necesitaron apoyo psicológico. Por ello, el sindicato educativo ANPE considera preciso que todos aquellos que tienen responsabilidad en el proceso educativo asuman su parte para resolver de una vez este grave problema y evitar que los índices de conflictividad se equiparen con los que sufren algunos países del entorno.
Así pues, se apuesta por la creación de equipos por provincias de intervención y tratamiento. Por otra parte, el sindicato propone dar cumplida información ante la Fiscalía por parte de los médicos que conozcan situaciones conflictivas de docentes y cuya baja laboral sea fruto del acoso o indicios del mismo. Por último, para el docente que sufra este tipo de casos, ANPE pide ofertar la posibilidad de una comisión de servicios o facilitar su movilidad mediante el concurso de traslados.
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