El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la introducción de una serie de restricciones para la comercialización de productos a futuro. Se trata así de garantizar la protección de los inversores minoristas y aumentar la transparencia en la comercialización de estos productos. A partir de ahora se exigirá un tramo para inversores profesionales mínimo del 50% y una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 euros en el de las cotizadas. Se refuerzan los poderes al respecto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se pedirá a los clientes minoristas no idóneos que escriban de su puño y letra que han sido advertidos de que el producto no les resulta conveniente.

Entre otras cosas, la norma obliga a que el FROB (dependiente del Ministerio de Economía) y un experto independiente evalúen el precio adecuado de las preferentes para canjearlas en el mercado, de manera que se tendrán que asumir pérdidas cercanas a su cotización. Según dicho dicho documento, el Gobierno finalmente canjeará participaciones preferentes o subordinadas de las entidades que han recibido ayudas o han sido intervenidas, pero los inversores tendrán que asumir una quita, ya que el canje se hará teniendo en cuenta el valor de mercado de estos productos.
 
Las participaciones preferentes son un producto complejo que la banca vendió en las sucursales como si fueran depósitos, también a particulares sin conocimientos y, en ocasiones, sin su consentimiento. Más de un millón de clientes han visto sus ahorros atrapados en las preferentes. En la provincia de Salamanca, un millar de familias están afectadas. El 95% de ellas obedecen al mismo perfil: personas mayores, que antes tenían el dinero en plazos fijos, que llevaban muchos años en dicho banco que sin entender bien qué eran se le colocaron las participaciones preferentes. 
 
El problema es que al ser colocadas en redes bancarias, además de haber sido adquiridas por inversores sofisticados, también lo han sido por inversores no preparados y que  no reunían los requisitos adecuados. El perfil de los afectados son mayores que tenían ahorros. A diferencia de otras comunidades, como Galicia, en Castilla y León aún no se ha visto capacidad de protesta suficiente para declarar contra esta estafa. 

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