A su juicio, el conjunto de medidas para gestionar el déficit de tarifa aprobado hasta ahora por los diferentes gobiernos supone un recorte de ingresos para el sector eléctrico en el entorno de los 5.700 millones de euros en el presente ejercicio. De esta suma, 3.600 millones corresponden a sus actividades tradicionales: generación en régimen ordinario, generación en sistemas insulares y extrapeninsulares, transporte y distribución. En total, dichas actividades soportan así el 65% del esfuerzo total exigido al conjunto del sector.
Desde Unesa entienden que ningún gobierno ha estado dispuesto a admitir que la parte más importante de los sobrecostes del sector, que están asumiendo las compañías, procede de decisiones de políticas energéticas y sociales totalmente ajenas al coste del suministro eléctrico. “El coste de estas decisiones políticas supone prácticamente la totalidad del déficit de tarifa. Así ha sucedido con el despliegue intensivo de energías renovables con tecnologías que, en el momento de su entrada en funcionamiento, estaban tecnológicamente inmaduras (solares), pese a lo cual se apoyó con incentivos excesivos su implantación masiva. Una vez más, pagan los que ni generan el déficit ni se benefician de los ingresos que lo generan”, argumentan las eléctricas.
Y añaden que “los costes de la política social están plenamente justificados siempre y cuando sean asumidos por los Presupuestos Generales del Estado. No podemos compartir, por ello, que la parte de costes con cargo a los mismos sea tan baja, sobre todo si lo comparamos con lo que han asumido los diferentes agentes del sector. La Administración, según lo anunciado hoy, ni tan siquiera se hace cargo de partidas que estaría obligada a afrontar por ley. Igualmente, y pese a la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo, la reforma anunciada continúa penalizando a las empresas de Unesa obligándolas a pagar a su costa el bono social”.
Por eso, resumen que “se vuelve a ver afectada de manera severa la actividad de distribución. En ese sentido, el modelo que se plantea es inasumible, ya que por un lado se mantiene la obligación de garantizar el suministro mediante nuevas inversiones pero, por otro lado, las mismas se retribuyen con una tasa del 6,5% antes de impuestos, un porcentaje que es insuficiente para cubrir los costes de capital invertido y que pone en riesgo la capacidad de financiación de los negocios de distribución. Adicionalmente, se reducen a menos de la mitad los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado, lo que hace posiblemente inviable su continuidad. Estas centrales, que están siendo expulsadas del mercado por razones regulatorias, son las que garantizan la seguridad de suministro del sistema eléctrico, a unos costes muy competitivos”.
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