Los empleados de Sacyl y de la Administración General de la Junta de Castilla y León se jubilarán a los 65 años y sólo se autorizará una prórroga en el servicio activo si se comprueba que son aptos para su trabajo y necesarios. Esta medida, que pretende rejuvenecer las plantillas, tendrá menos impacto en el ámbito sanitario y se aplicará de acuerdo a las tasas de reposición que fija la normativa básica estatal. El Ejecutivo autonómico presentó esta iniciativa, junto a otra batería de reformas, a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos.
Hasta ahora los profesionales de la Administración General y de Sacyl continuaban en su puesto de forma casi automática hasta los 70 años si no solicitaban la jubilación. A partir de ahora, la Junta reforma este mecanismo y sólo autorizará las prórrogas en función de las necesidades del servicio y de la capacitación. En el ámbito sanitario, la Consejería ha diseñado el Plan de Prolongación en el servicio activo (2012-2017), que se aplicará durante los próximos seis años. Según recordó Sáez Aguado, esta medida afectará a unos 7.000 trabajadores, es decir, aquellos que ya tienen o cumplirán los 65 años, la edad legal de jubilación. Sacyl ha planteado someter a los profesionales a una prueba para determinar su capacitación y criterios adicionales como las necesidades asistenciales, su papel investigador o en la organización. No obstante, será flexible con los profesionales más activos y los que tengan menos de 67 años.
Incapacidad temporal
También la Junta dar luz verde en las próximas semanas, según la titular de Hacienda, a otras reformas que afectan a la compensación sobre las rebajas salariales por incapacidad temporal. Hasta ahora este complemento se rebajaba un 25 por ciento al cumplirse el tercer mes de la baja. Si bien, los cambios del Real Decreto de julio del Gobierno de España han modificado el sistema, de forma que en los tres primeros días se reduce el complemento un 50 por ciento y a partir de ese día y hasta el 21, un 75 por ciento. Superado este periodo el empleado percibe el cien por cien.
El nuevo sistema comenzó a aplicarse el 16 de octubre, lo que generó un “galimatías”, según Del Olmo, quien anunció que la Junta ha decidido aplicar a los trabajadores el sistema más beneficioso para sus intereses. Es decir, aquellos trabajadores que lleven unos tres meses de baja no sufrirán un recorte en la compensación del complemento por incapacidad temporal. Además, se prevé tres excepciones: intervención quirúrgica, embarazo y tratamientos de radioterapia y quimioterapia.
Asimismo, Hacienda también resolverá los cambios en la regulación de las vacaciones de los empleados públicos. La nueva normativa estatal estableció que sólo se podrían disfrutar en periodos mínimos de siete días hasta un total de 22 días, ya que se suprimieron los 'canosos' por años en el servicio. Para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, el Ejecutivo ofrecerá la posibilidad de cogerse siete días de los 22 de forma libre y el resto en 15 periodos mínimos de siete días.
Concursos
Por otra parte, Pilar del Olmo informó de la intención de la Junta de modificar la Ley de la Función Pública para dar “más agilidad” a los concursos de traslados ya que se convocan de forma general para todos los empleados. El Gobierno autonómico mantendrá la obligación de convocarlos una vez al año, aunque pretende hacerlo por órganos, áreas o cuerpos. De esta forma, explicó la consejera de Hacienda, el Ejecutivo podrá cubrir de una forma más sencilla las necesidades de algún servicio determinado. Además, avanzó que próximamente saldrá uno general y recordó que son tan grandes que llevan mucho tiempo convocarlos y resolverlos.
Flexibilidad
En el ámbito sanitario, el consejero Antonio María Sáez Aguado informó que también se presentó a la Mesa la modificación de la ley de organización de la sanidad para “facilitar” la aplicación del plan de reestructuración de la Atención Primaria. La reforma recogerá el procedimiento que seguirá la Consejería para establecer la distribución de la carga de trabajo y también prevé la posibilidad de superar los límites de las zonas básicas de salud para servicios como las urgencias.
Igualmente, el titular de Sanidad comunicó que se derogará una orden de 1988 que establecía de manera “excesiva” que las vacantes en los equipos de Primaría se cubrirían con interinos ya que dificultaba también el proceso de reordenación de este servicio. También, introducirá más flexibilidad en el Estatuto Jurídico de los empleados públicos para que las plantillas se puedan modificar no sólo en el último trimestre del año.
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