Los sindicatos CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios), CCOO (Comisiones Obreras), SATSE (Sindicato de Enfermería) y ANPE (Asociación Nacional de Profesores Estatales), presentes en la Mesa General de Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León, continúan reclamando la devolución de la paga extra y derechos laborales que el Gobierno suprimió en la Navidad de 2012. Por eso, hasta que la Junta de Castilla y León recule su propuesta se manifestarán todos los miércoles al mediodía.
La Junta propone la retirada progresiva de las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias de la crisis con respeto a la normativa básica estatal. Para ello, negociarán a lo largo del mes de octubre un acuerdo que fije plazos para la devolución del 75% de la paga extraordinaria, la ampliación de los días de libre disposición y antigüedad sin que ello implique sustituciones, y reclamarán de forma inmediata, y de manera conjunta, al Gobierno la recuperación de la jornada de 35 horas, y el pago del 100% de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales.
Los sindicatos responden con la solicitud en el año 2015 del 26,23% de la paga extra del 2012 y el resto el primer semestre de 2016. También reclaman el reconocimiento del derecho al disfrute de los días adicionales de vacaciones por antigüedad y los días adicionales de asuntos particulares por trienios a la firma del acuerdo en los mismos términos que se reconoció este derecho antes del recorte llevado a cabo. Si bien el disfrute de los permisos a los que se tuviera derecho por estos dos conceptos correspondientes al 2015 se prolongará durante todo el 2016 con cargo al cómputo de la jornada laboral de este año.
También piden que la aplicación de estos derechos en los diferentes sectores de la administración de Castilla y León será a la firma del acuerdo, entendiendo que su efectividad está supeditada a la norma estatal que los restituya. Para incentivar esta aplicación efectiva al conjunto de los empleados públicos de Castilla y León, solicitarán al Gobierno que dicte la norma que lo haga posible.
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