Para ello, argumentan que la Gerencia de Servicios Sociales en Salamanca ha reducido drásticamente las inversiones en mantenimiento de infraestructuras de sus centros y en materia de personal entrando en la dinámica de una gestión privatizadora. "En el momento actual, algunos servicios están empezando a no prestarse en los establecimientos públicos mientras se van derivando a entidades privadas cuyo fin es más lucrativo que benéfico. A pesar de haber capacidad más que suficiente, de instalaciones y de personal en sus propios centros, la Gerencia de Servicios Sociales está derivando solicitudes de nuevos usuarios a empresas privadas manteniendo un intolerable número de camas vacías", explica el Comité de Empresa de Sanidad y Familia.
Por una parte, aseguran que se disminuye el número de usuarios cerrando las listas de entrada para justificar después la falta de contratación de personal y, al dejar sin actividad los centros propios, tienen la excusa perfecta para su cierre en beneficio en el mercado privado. Por otra parte, ha aumentado el precio que pagan los usuarios por estos servicios hasta el extremo de hacerlos inasumibles para las familias. "No se pueden dejar de lado los recortes en las ayudas a la Dependencia, donde se están viviendo auténticos dramas familiares y personales provocados por la merma en las ayudas, no solo las de nueva adjudicación, sino también las ya concedidas, que abocan a mucha gente a vivir situaciones límite. Es hora de defender el Servicio Público, a los usuarios, y mantener el trabajo ya existente", concluye.
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