Este viernes ha entrado en vigor la reforma de la Ley Audiovisual que, entre otras medidas, flexibiliza la gestión de las televisiones públicas autonómicas y permite la privatización de estos canales. La reforma, tramitada por vía de urgencia, fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril y el 24 de julio recibió el visto bueno definitivo del Congreso de los Diputados. En virtud de esta nueva norma, los gobiernos autonómicos con canales públicos podrán decidir si continúan o no con la gestión de estos, y si quieren optar por acuerdos con terceros para la producción, edición o emisión conjunta de contenidos.
 
La ley también establece que, a partir de ahora, los canales autonómicos públicos tendrán fijado un techo de gasto que no podrán rebasar. Según aseguró en el inicio de la tramitación de la ley el ministro de Industria, José Manuel Soria, la ley busca "ampliar la posibilidad de las comunidades para decidir libremente" sobre la gestión de unos canales que han acumulado una importante deuda en los últimos años. En cambio, la oposición ha coincidido en que la norma quiebra el actual modelo público de televisión y supone una "invasión" en las competencias autonómicas.
 
Con motivo de la tramitación parlamentaria de la ley, el PP ha recabado las previsiones presupuestarias de doce televisiones regionales (no está incluida la extremeña) y le sale una estimación de gasto de 858 millones de euros.
 

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