Este texto supone una triple limitación a la actividad de las cajas: material, territorial y de volumen. En lo material, limita la actuación de estas entidades financieras a clientes minoristas y pymes y no les permite llevar a cabo actividades complejas. Dentro de lo territorial, les exige actuar dentro del ámbito de una comunidad autónoma, sobrepasándola en un máximo de 10 provincias limítrofes. Y, en cuanto al tamaño, no les permite tener un volumen superior a 10.000 millones de euros ni una cuota de depósitos superior al 35 por ciento en su autonomía de referencia.
Además, crea el fondo de reserva para insolvencias, para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada, que pudieran poner en peligro el cumplimiento de sus obligaciones en materia de solvencia. En el plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas adaptarán su legislación sobre cajas de ahorros a lo dispuesto en la misma.
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