Y es que según explica Equo en un comunicado los terrenos sobre los que se ha asentado el centro comercial fueron cedidos en el año 1926 al Ministerio de la Guerra, precisamente para la construcción del cuartel, pero esos terrenos fueron obtenidos por cuestación popular entre los vecinos de la ciudad "y por lo tanto fue una auténtica cesión de la ciudad de Salamanca al Ministerio. Es muy importante que la ciudadanía conozca los motivos por los que el Tribunal Supremo ha dictado esta última sentencia”. Por tanto, los 82.560 metros cuadrados han sido concedidos para beneficio privado, y no para el uso público que la Justicia entiende debería haberse mantenido en el Plan de Urbanismo.
Por ello, Equo exige responsabilidades políticas del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León y en concreto de Wtodos aquellos que participaron activamente o que tuvieron alguna relación con este atropello a la ciudad". Y responsabilidades económicas que deberá exigir el Ayuntamiento de Salamanca, "después de reconocer este auténtico expolio a la ciudad, para que los que se han beneficiado económicamente, los promotores del centro comercial, devuelvan a la ciudad, en forma de equipamientos públicos, lo que se han llevado ilegal e ilegítimamente".
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