ANPE Castilla y León confía en las virtudes de esta nueva Ley, así como en sus consecuencias positivas, si la Administración consigue darla a conocer a todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. "Es necesario un trabajo serio para que los alumnos y sus familiares directos conozcan su contenido y asuman sus responsabilidades en el buen desarrollo del clima de convivencia en los centros", explica el sindicasto educativo en un comunicado.

A su juicio, "de ser así se reducirán las situaciones de conflicto y acoso en las aulas. Esto hará que los profesores puedan impartir docencia en mejores condiciones para el aprendizaje, no se produzca tanta pérdida de tiempo para poner orden el las aulas, por lo que el rendimiento de los alumnos y sus resultados académicos también ser verán beneficiados".

Pero ANPE matiza que no todo son satisfacciones. "Tenemos que recordar a la Administración que esta Ley que se ha publicado en BOCYL el día 2 de mayo del presente año, ya la solicitamos en el año 2005. ANPE ya tenía en esa fecha estudios serios de la problemática de convivencia en nuestros centros y los problemas que sufrían algunos de nuestros compañeros profesores y maestros, teniendo que crear en la figura del Defensor del Profesor para dar respuesta a los problemas que sufrían algunos docentes. Por tanto, podríamos haber iniciado la mejora de la convivencia hace ya nueve años. Muchos docentes se habrían ahorrado situaciones tremendamente complejas para su salud física y psíquica".

Por ello, desde el sindicato creen que es necesario un desarrollo normativo de esta Ley para dar cabida a varios aspectos. En primer lugar, asistencia psicológica especializada para los docentes que han sido o están siendo víctimas de acoso o violencia. La seguridad social no la oferta y las compañías médicas no están formadas en este tema. Sería necesario crear equipos provinciales de intervención y tratamiento. Desde nuestro punto de vista este aspecto creemos que no se recoge.

 
También información a Fiscalía por parte de los médicos que conozcan situaciones conflictivas de los docentes y cuya baja laboral sea por este motivo. Del mismo modo que el médico actúa ante cualquier indicio de agresión física tendría que actuar ante el conocimiento de agresión psicológica. Y ante situaciones de acoso demostrado, ofertar al docente que lo sufre la posibilidad de una comisión de servicios o facilitar su movilidad mediante el concurso de traslados (como sucede con las víctimas de violencia de género). Para ANPE es imprescindible y necesario alcanzar la consecución de estos aspectos, "ya que estaríamos demostrando a la sociedad la gran relevancia de los docentes de nuestra Comunidad, mejorando considerablemente su prestigio profesional, tan deteriorado en los últimos años".
 

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