La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) denuncia que, tal y como preveía, el comienzo del año 2015 se ha caracterizado por el cierre de un número importante de comercios regentados por trabajadores autónomos. Del total de comerciantes autónomos que han cerrado en este periodo con respecto a 2014, se puede confirmar que la mitad proviene del efecto de la finalización de los contratos de renta antigua, en torno a una decena en Salamanca.
Por otra parte, otro buen número de comercios han optado por continuar la actividad, bien porque los propietarios no ha notificado el cambio en las condiciones, o bien porque los afectados se han opuesto a ello, encontrándose cada caso en un momento procesal diferente. En este caso no existen estimaciones cuantificadas, pero hay numerosos casos que se tendrán que ir resolviendo en el transcurso del año.
Esta situación afecta a los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985, bajo el régimen legal de prórroga forzosa. El entonces ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, aprobó un decreto para la prórroga forzosa para los contratos que se suscribieran a partir de esa fecha. Un acuerdo que se acotó en 1994, cuando siendo ministro Pedro Solbes reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos y concediendo a los afectados una moratoria de veinte años, que se cumplen ahora sin que ningún gobierno posterior modificase la ley.
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