Los últimos datos oficiales proporcionados por el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), correspondientes a 2013, muestra que la financiación estatal de naturaleza finalista destinada al sostenimiento de las prestaciones que reciben las personas en situación de dependencia se ha reducido en algo más de 198 millones de euros, lo que equivale a una reducción del 14% respecto de las cuantías que el Estado transfirió en este concepto el año anterior.
 
Frente a los 1.405 millones que el Estado central transfirió en 2012 a las Comunidades Autónomas en concepto de nivel mínimo de financiación del Sistema de Dependencia, en el año 2013 ha transferido 1.206 millones de euros, 1.246 millones si tenemos en cuenta el descuento que se ha realizado a algunas comunidades autónomas como consecuencia de la depuración de expedientes duplicados.
 
Este recorte en la financiación estatal prevista en la Ley de Dependencia es uno de los fenómenos que, además de la decisión de gobiernos centrales y autonómicos de establecer prioridades políticas diferentes, puede ayudar a explicar la pérdida de beneficiarios atendidos que se está registrando de manera sostenida desde que en el verano de 2012 se pusieran en marcha los principales recortes en materia de dependencia.
 
Comisiones Obreras (CCOO) recuerda también que la financiación prevista en la Ley de Dependencia son los únicos recursos que tienen carácter finalista, es decir, que una vez transferidos a las comunidades autónomas deben servir obligatoriamente para financiar las prestaciones de dependencia y no pueden destinarse a ninguna otra materia. Esta fuente de financiación sufrió un importante recorte al suprimirse en 2012 el llamado nivel acordado de financiación (283 millones de euros) y reducirse las cuantías destinadas a financiar el nivel mínimo en una horquilla de entre el 13 y el 33%, dependiendo del grado y antigüedad de los dependientes atendidos.
 
Desde el sindicato hacen un llamamiento tanto al Gobierno central como a las Comunidades Autónomas para que, “lejos de abrir estériles debates propagandísticos, aborden en el marco de un proceso de diálogo social amplio con los agentes sociales implicados en esta materia un modelo de financiación que garantice recursos suficientes destinados a mantener las prestaciones de dependencia que precisan las personas en esta situación”.

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