Fiscales y jueces consideran primordial recuperar el principio de autoridad de padres y profesores para frenar la escalada de malos tratos en la familia provocados por menores. Esta fue de las conclusiones de la mesa redonda dedicada a los malos tratos en el ámbito familiar que se celebró dentro de las Jornadas de Magistrados de Menores que está organizando el Consejo General del Poder Judicial.
 
Los expertos destacaron que en el 78 por ciento de los menores que delinquen han perdido este principio y consideran que están en una condición de igualdad con respecto a los padres. “Ellos manifiestan que los episodios de amenazas y violencia son formas de demostrar su voluntad de querer ser iguales que los padres”, afirmaron.
 
Al mismo tiempo, señalaron que tres de cada diez adolescentes que maltratan a sus padres pertenecen a familias “aparentemente normales”, y subrayaron que desde 2007 se han incrementado notablemente el número de este tipo de delitos debido a factores como la crisis económica o la subida del número de rupturas matrimoniales.
 
Otra de las conclusiones fue la preocupación de jueces y fiscales por el incremento del consumo de drogas entre los adolescentes, que han dejado de ver a la marihuana o el cannabis como drogas con efectos tan perversos como la cocaína o la heroína. En este sentido, los asistentes coincidieron en señalar que este tipo de drogas está detrás de la mitad de los casos de episodios de violencia de menores que pertenecen a familias estables.
 
Además, los magistrados también reclamaron medidas y filtros para que la denuncia no implique la apertura de un proceso judicial. “Cuando un padre denuncia significa que ya ha tirado la toalla. Han existido episodios de violencia y ya se siente impotente y dimite como gestor de las normas de sus hijos para que sea el juez el que decida. El objetivo de las administraciones debe ser actuar antes y, en el caso de producirse una denuncia, comprobar si existen otras vías para reconducir el problema antes de llegar a la vía judicial. Estamos ante un problema en el que no sólo se deben implicar los jueces”.

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