El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público. El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 por ciento. No obstante, algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15 por ciento también podrán declararse como obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial.
En la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran importantes ineficiencias. El 51 por ciento de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16 por ciento de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15 por ciento. En estos servicios de menor aprovechamiento se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.
Así, se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las Obligaciones de Servicio Público se revisarán cada dos años. Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación. En caso de que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la Administración General del Estado, dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio.
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