La Comisión de Seguimiento y Coordinación del Fondo Social de Viviendas ha acordado ampliar el ámbito de aplicación del Convenio por el que se rige este instrumento, destinado a atender a familias en dificultades por la crisis. Las modificaciones permitirán quedarse en la vivienda mediante el pago de alquiler reducido en algunos supuestos e incluir a un amplio número de personas o familias que, previo informe de los Servicios Sociales, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad social. El fonde se creó en enero de 2013 y cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras.
El nuevo convenio permitirá que personas o familias puedan mantenerse en la vivienda que habitaban, aunque la hayan perdido como consecuencia de una ejecución forzosa y después de que haya sido adjudicada. También se abre esta posibilidad para las daciones en pago. En ambos casos se pagará un alquiler reducido, es decir, entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal como está previsto en el convenio del fondo.
Además, se amplían las circunstancias personales y familiares que dan derecho a solicitar una vivienda. En primer lugar, se trata de unidades familiares con hijos menores de edad (18 años). Hasta ahora se exigía que los menores no tuvieran más de tres años. También personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía. El requisito hasta ahora era una discapacidad del 33% o superior. Además, personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos. Esta circunstancia es nueva. Y otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores, previo informe de los Servicios Sociales. Ello amplía el acceso al fondo a muchas situaciones de riesgo social no tipificadas.
Se mantienen los requisitos anteriores, como son situación de desempleo y sin prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o violencia de género. El fondo está destinado a aquellos que, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008. En el primer año de aplicación (2013), se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas.
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