La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), organización sindical mayoritaria en el ámbito de la enseñanza privada y concertada, quiere mostrar su total desacuerdo con lo recogido en el Real Decreto 1058/2015 de 20 de noviembre, publicado en el BOE número 285 este pasado 28 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, y en cuyo artículo 7 se especifica que el encargado de aplicar y corregir las pruebas será el profesorado funcionario del sistema educativo español.
FSIE quiere manifestar su indignación por el trato legislativo discriminatorio al que el Ministerio de Educación, y el partido político que lo ampara, somete a los más de 150.000 profesores de la enseñanza concertada y privada que existen en nuestro país, tras una legislatura plagada de acciones unilaterales y claramente perjudiciales para el colectivo que como organización representa.
La que está a punto de cerrarse se recordará como la legislatura en la que ha existido, por primera vez en la historia, unanimidad de opiniones entre los miembros de la comunidad educativa en lo que se refiere a una ausencia total de diálogo por parte del Gobierno con los agentes del sector. Los trabajadores del sector de la enseñanza privada y concertada han sufrido esta situación, a la que se suma la elaboración de una ley, que no sólo no beneficia en nada a estos profesionales, sino que además ha sido incapaz de resolver cuestiones ya históricas. Está claro que se ha vuelto a perder una valiosa oportunidad de dar salida definitiva a lo que ya establecía la LODE (la primera ley orgánica de la democracia) en su artículo 49.4, y que en 30 años no se ha llevado a cabo: ?Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente, a que hace referencia el apartado anterior (centros concertados), tenderán a hacer posible gradualmente que la remuneración de aquél sea análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles?.
Y en esta línea, FSIE quiere recordar la nefasta gestión de un Ministerio que en estos cuatro años ha contribuido a convulsionar las relaciones laborales en el sector de la enseñanza concertada, siendo incapaz de tomar medidas tan esenciales como la restitución de manera inmediata, y en igualdad de condiciones con respecto a la enseñanza pública, de los recortes que sí aplicó a los docentes de este ámbito.
Para culminar, este Real Decreto ahora aprobado no viene sino a corroborar que para el Ministerio existen docentes de primera y de segunda, ya que los profesionales que libremente han decidido ejercer como tales en centros concertados o privados, pero que poseen idéntica titulación que sus homólogos de la función pública, parecen estar suficientemente cualificados para educar, evaluar y decidir sobre sus alumnos, pero no para participar en las pruebas de evaluación del sistema educativo español, del que también forman parte.
Para FSIE es difícilmente comprensible esta postura mantenida por parte del Gobierno del Partido Popular (PP), dado que esta formación proclama su defensa de la pluralidad de centros. Este evidente desprecio a los profesionales de los centros privados y concertados se contrapone a esta defensa.
Desde estas líneas, FSIE quiere hacer un llamamiento al resto de organizaciones sindicales, a las patronales y a las organizaciones de padres, cuyo ámbito de actuación sea la enseñanza privada y concertada, para que se pronuncien ante lo que considera un ataque al sector. En este punto, cabría preguntarse que si parece claro que no es requisito indispensable que, por el bien de la nación, los diputados o líderes políticos sean funcionarios, tampoco debería ser un requisito en el caso de los docentes si hablamos del bien de la educación.
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