La Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos de Salamanca ha vuelto a concentrarse un jueves más en la plaza de la Constitución, interrumpiendo temporalmente el tráfico de vehículos en la Gran Vía, para protestar contra los recortes laborales y salariales del Gobierno y la Junta de Castilla y León. Y es que como publicó ayer este diario, los funcionarios han perdido el 15% de poder adquisitivo durante la crisis, regresando sus sueldos al año 2006.
Así, la plataforma, compuesta por UFP, UGC, SUP, AUGC, SATSE, CESM, ANPE, STECYL-i, USAE, STAJ, USO, CSIF, FSP-UGT, FETE-UGT, FE-CCOO, FSS-CCOO y FSC-CCOO, considera que en los últimos cuatro años, desde el comienzo de esta profunda crisis económica, financiera, social y ambiental, los empleados públicos han sufrido una espiral creciente de recortes. "En este último año han alcanzado niveles alarmantes que afectan ya directamente a la calidad de los servicios públicos que prestamos a la ciudadanía y por ende a su calidad de vida y a sus derechos. Nuestro país, que disfrutó en las pasadas décadas de un sistema de garantías sociales denominado Estado del Bienestar en cuyo marco alcanzábamos niveles ejemplares de calidad en los servicios públicos, se ve sometido hoy con el pretexto de la necesaria disminución del gasto público a unos recortes sin precedentes y a un ataque indiscriminado", aseguran los manifestantes.
También argumentaron que como símbolo tangible del desmantelamiento de los servicios esenciales, las empleados públicos están viendo recortadas sus condiciones retributivas y laborales "en una proporción que raya la injusticia. Además, vemos cómo se cierra la oferta de empleo en nuestros sectores. Para justificar el maltrato a los derechos adquiridos por este amplio colectivo profesional, los políticos desprecian a la función misma que se presta". Así, ven que se han convertido "en un ente desvalorizado, al que se critica sin fundamento y sin consecuencias. Incluso se miente sin pudor al presentar cifras desorbitadas sobre sueldos y condiciones laborales que en esencia son falsas y están manipuladas, trasladando al colectivo de empleados públicos en su conjunto las características y prebendas que corresponden a esa población flotante de nóminas públicas nombradas a dedo, como excrecencias de la política, que constituyen, ellas sí, uno de los más graves problemas de España".
También lamentan los funcionarios que se les catalogue como "una panda de vagos como en muchas ocasiones los definen sectores privados con intereses en el desmantelamiento de los servicios públicos", En cambio, defienden que se trata de "un amplio conjunto de profesionales bien capacitados y dedicados en cuerpo y alma a su trabajo, como son el personal docente que garantiza el derecho a la educación; los profesionales sanitarios que garantizan el derecho a la salud; los y las profesionales que garantizan unos servicios sociales necesarios y dignos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que garantizan el derecho a andar tranquilos por la calle; el cuerpo de Correos que garantiza la comunicación; los bomberos que garantizan la asistencia ante los riesgos; los agentes forestales y otros profesionales que velan por la protección de nuestro medio ambiente, los miembros de la administración de Justicia que garantizan ese derecho fundamental, y en general los Empleados de la Administración General del Estado, de las Autonomías, de los Ayuntamientos, y de tantas y tantas otras Empresas Públicas y actividades, muchas de las cuales pasan inadvertidas, que hacen que nuestra vida, sea un poco mejor… En pocas palabras, los servidores públicos que garantizan a todos los derechos de todos".
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