La  Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, valora que el Ministerio de Hacienda  haya decidido devolver a los empleados públicos las cotizaciones correspondientes a la paga extra de  Navidad no cobrada. Una medida que afecta a funcionarios pertenecientes a clases pasivas,  teniendo en cuenta que afecta  al personal de Muface, pero también al personal de la Administración de Justicia  y de las Fuerzas Armadas (Mutua General de Justicia e Instituto Social de las Fuerzas Armadas), unas 11.000 personas en Salamanca.
 
El sindicato espera que sea un primer paso para empezar a compensar a los empleados públicos por el sacrificio realizado en los  últimos años, en los que se arrastra una pérdida del poder adquisitivo del treinta por ciento. CSI-F considera que, además de las cotizaciones, el  Gobierno debe abonar a los empleados públicos la parte de la paga extra correspondiente hasta el 15 de julio, fecha en la que entró en vigor el decreto con las medidas de recorte. De hecho, la Defensora del Pueblo reconoció este derecho en una reciente notificación.
 
El sindicato considera que la reforma de las Administraciones Públicas que va a emprender el Gobierno “es  una  gran  oportunidad  para impulsar un pacto de Estado  que suponga  página a los recortes y afrontar la pendiente modernización que las administraciones, con criterios de eficacia y eficiencia, evaluando la productividad de los empleados públicos y dignificando, tanto su papel en la sociedad, como sus condiciones laborales”.

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