La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca y la Generalitat de Catalunya se han reunido esta mañana en el Palau Moja de Barcelona, sede de la Dirección General de Archivos de la Generalitat, a fin de dar solución al conflicto de los 'papeles de Salamanca'.
Por parte de Salvar el Archivo de Salamanca han asistido su presidente, Policarpo Sánchez, y su delegado en Cataluña, Eduardo García. En representación de la administración catalana, el director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio, Jùsep Boya; el director del Arxiu Nacional de Catalunya, Francesc Balada; y Àngels Bernal, responsable de los Fondos de la Administración del Arxiu Nacional de Catalunya. La reunión ha durando 90 minutos.
En primer lugar, se ha abordado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los documentos sin propietario, una vez concluido el plazo para su restitución en enero de 2013, que deben ser devueltos al archivo estatal con sede en Salamanca. Policarpo Sánchez, que ha puesto como ejemplo la desaparecida Asociación de Amigos de la Unión Soviética y la Alianza de Intelectuales, creada por Rafael Alberti, ha exigido el cumplimiento de la Sentencia y ha recibido el silencio como respuesta.
En segundo lugar, el Fraude de Ley, con documentación entregada a quien no es su legítimo propietario. Policarpo Sánchez ha puesto como ejemplo el Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria (CADCI), aportando como prueba una Sentencia de un Juzgado de Barcelona que le niega la titularidad de los bienes reclamados por ser persona jurídica diferente a quien sufrió la incautación en la Guerra Civil, así como una reciente resolución del Ministerio de Trabajo, en la misma línea de respeto a la Sentencia. Los representantes de la Generalitat han guardado silencio ante esta solicitud de acatar las sentencias judiciales.
Sobre estos dos puntos, Salvar el Archivo de Salamanca ha preguntado directamente: ?¿van a acatar las sentencias judiciales??. Respuesta: silencio. A la pregunta: ?¿van a devolver esos documentos??. Respuesta: Silencio. Se les ha recordado que en cuanto al cumplimiento de las Sentencias judiciales no hay nada que negociar, tan sólo cumplirlas, y que la Generalitat se niega desde hace más de 3 años.
Finalmente, sobre documentación indebidamente trasladada a Cataluña, Sánchez ha puesto como ejemplo documentos de familias de Zaragoza, Valencia, Teruel, Murcia, Madrid, Huesca, Castellón, Asturias y Alicante, aportando como prueba su empadronamiento desde que nacieron hasta su fallecimiento en esas localidades, que no pertenecen a la Comunidad Autónoma de Cataluña. El director general y los demás representantes de la administración se han remitido a la Comisión Mixta Gobierno Central ? Generalitat de Cataluña para tratar esos casos.
Sánchez ha ofrecido la retirada de la demanda judicial a cambio de acabar hoy mismo con el sufrimiento de esas familias, que tenían depositadas sus esperanzas en esta reunión. Ha recordado que la Ley establece que la parte demandada y la demandante pueden en cualquier momento llegar a un acuerdo, y que así se lo ofrecía, en bien de las familias. "El señor Boya nos ha remitido a la Comisión Mixta, conocedor de que por parte del Estado continúa al frente de la misma la persona que cometió las irregularidades, y que toda su gestión está presidida por el oscurantismo y en ocultar los graves errores que cometió el representante del Gobierno de España", añade Sánchez.
Y añade que "el señor Boya ha restado importancia a estos incumplimientos legales al asegurar que hay cosas mucho más importantes como que el Archivo de Salamanca debe desaparecer. Por el contrario, le ha recordado que este Archivo se creó por Real Decreto en el año 1999, en un Estado plenamente democrático, y que, posteriormente, en el año 2007 se integró en Centro Documental de la Memoria Histórica, con fines culturales y de investigación y de resarcir la memoria de las víctimas de la Guerra Civil".
La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca llevará el caso de las familias afectadas por el expolio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Solicitamos la ayuda de las instituciones europeas para ayudar a las víctimas, ante la insensibilidad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
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