El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas para asegurar el equilibrio económico del sistema eléctrico en 2013 sin perjudicar a los consumidores mediante un aumento de la tarifa de la luz, en un contexto de crisis económica. Para ello, ha aprobado un Real Decreto Ley que modifica el sistema de retribución de las actividades reguladas y la fórmula de retribución a las instalaciones del régimen especial, que permitirá dar estabilidad a la previsión de costes del sistema y ahorrar entre seiscientos y ochocientos millones de euros anuales.
 
Los costes del sistema eléctrico han experimentado un incremento constante en los últimos meses, cuestión que se ha puesto de manifiesto en el informe del mes de diciembre emitido por la Comisión Nacional de la Energía. Actualmente, la retribución por las actividades reguladas como el transporte, la distribución o el régimen especial (costes extrapeninsulares, energías renovables y cogeneración) se actualiza tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC). Para evitar que estas actualizaciones tengan en cuenta elementos que no tienen nada que ver con el sistema eléctrico, como pueden ser el incremento del IVA o el de los alimentos no elaborados, en lugar de actualización con el IPC la retribución se actualizará con el IPC a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.
 
Actualmente, las instalaciones de régimen especial pueden elegir entre dos sistemas retributivos: precio mercado+prima ó tarifa regulada. En el primer caso, el propietario de la instalación cobra una prima fija y, adicionalmente, el precio que marca el mercado en el "pool" eléctrico. El sistema de tarifa regulada establece un precio fijo a percibir por la instalación. Esta tarifa regulada se financia con el precio del mercado y con la prima que, en este caso, completa al precio del mercado hasta llegar al nivel marcado por la tarifa regulada. Generalmente, las instalaciones escogen cada año en qué sistema quieren estar.
 
EL Real Decreto Ley aprobado hoy establece que la retribución de todas las instalaciones de régimen especial se lleve a cabo bajo la fórmula de tarifa regulada, salvo que el titular de la instalación decida percibir solamente el precio de mercado (sin prima). La medida trata de evitar la volatilidad de las estimaciones en los costes y tiene un ahorro estimado de entre 250 a 500 millones de euros dependiendo del precio de mercado.
 

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