El Gobierno ha puesto en marcha un equipo de trabajo, integrado por distintos ministerios, con el objetivo de impulsar medidas “de distinta naturaleza” y “más eficaces” para abordar el problema de los desahucios en España. Así lo explicó este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde señaló que se quiere “paliar la terrible situación” que viven muchas personas y que suele ser consecuencia de la pérdida del empleo.

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobó un Real Decreto que establecía medidas para paliar el problema de los desahucios para las personas en riesgo de exclusión social. En él se fijaban los umbrales que dan entrada al colectivo a proteger, se limitan los intereses de demora y se reforman los procedimientos de ejecución extrajudicial.
 
En la norma se fija la definición del umbral de exclusión: que sea primera y única vivienda y que todos los miembros de la familia carezcan de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas. Además, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 60% de los ingresos netos que perciban el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Deberán, asimismo, carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.
 
El Código de Buenas Prácticas se aplicará en varias fases. La primera es la reestructuración de la deuda hipotecaria. Los deudores en el ámbito de exclusión podrán solicitar a la entidad una reestructuración de su deuda hipotecaria que haga viable su pago y que deberá estar presentado en el plazo de un mes. Ese plan deberá incluir una carencia en la amortización de capital de cuatro años, la ampliación del plazo de amortización hasta 40 años y la reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 puntos. Podrán solicitar la reestructuración aquellos deudores cuyo procedimiento de ejecución no se haya iniciado.
 
También habrá medidas complementarias. Si pese a la refinanciación resulta inviable el pago de la deuda, el deudor podrá solicitar una quita en el capital pendiente de amortización. Se considerará inviable cualquier reestructuración que suponga para la unidad familiar una cuota hipotecaria superior al 60% de sus ingresos. Podrán solicitar la quita quienes estén en procedimiento de ejecución, siempre que no se haya anunciado la subasta.
 

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Lo más leído