El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha iniciado el procedimiento para llevar a cabo las modificaciones normativas que permitirán regular la jubilación anticipada de los policías locales. Se trata de una medida reclamada por las asociaciones y sindicatos policiales, así como por los propios ayuntamientos.
La normativa permite el anticipo de la edad mínima exigida para jubilarse a colectivos que desarrollen actividades cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de mortalidad, a través del establecimiento de coeficientes correctores. Para ello, el ?Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar, en su caso, la edad de jubilación en el sistema de Seguridad Social? señala que es necesaria la elaboración de diversos estudios.
La ministra de Empleo y Seguridad Social ha anunciado que se ha dado orden al inicio de estos trabajos que permitirán en breve incluir a los policías locales en esta normativa. Así, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social analizará el establecimiento de dichos coeficientes, mientras el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre siniestralidad de la tarea de los agentes locales.
Un año de reivindicaciones
En primer lugar, se pide el reconocimiento de la profesión de Policía Local como profesión de riesgo, poniendo fin a la situación actual en la que no se tiene en cuenta la edad funcional, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera y los requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial. "En los estudios llevados a cabo por distintos organismos, se desprende que existen indicios de peligrosidad en el desarrollo de su actividad y que los requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y el desarrollo de su vida laboral no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades, cumpliéndose de esta forma las exigencias legales para la reducción de la edad de acceso a la jubilación", explica la propuesta enviada por las Cortes de Castilla y León al Gobierno hace un año.
Y añade que la existencia de la jubilación anticipada en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la inclusión de la Policía Autonómica Vasca, no hacen sino ratificar la necesidad de regulación y no discriminación por analogía del resto de policías. "En este sentido, los estudios actuariales de costes llevados a cabo despejan cualquier duda sobre el beneficio en la adopción de esta medida, en el sentido de que el incremento del coste social derivado del adelanto de la edad de acceso a la jubilación en este colectivo, se compensaría con el rejuvenecimiento de las plantillas y su indudable impacto sobre las cifras de absentismo y periodos de incapacidad temporal, el descenso en el abono de complementos de antigüedad, amén de mejorar el rendimiento de las plantillas y garantizar la prestación del servicio con unas adecuadas condiciones psicofísicas que incide en mejorar la Seguridad Social", concluye.
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