La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mató, ha anunciado que el Gobierno está trabajando en la adaptación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular asuntos como las hospitalizaciones forzosas, en cumplimiento del compromiso con la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad en materia de capacidad jurídica.

La ministra ha destacado que promover la salud mental  requiere respeto a los derechos humanos y la dignidad de los pacientes, en cuestiones como el cumplimiento de las terapias y las hospitalizaciones involuntarias. Por ello, y en cumplimiento del compromiso con la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad en materia de capacidad jurídica, ha anunciado que el Gobierno trabaja ya en la adaptación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 
Mato ha indicado que “al menos un 9% de la población española padece algún tipo de trastorno mental”, y hasta el 15% lo desarrollará en algún momento de su vida. De los tres millones de personas con discapacidad, una de cada diez lo es por padecer alguna enfermedad mental. Desde el punto de vista económico, el impacto global de los problemas de salud mental en la Unión Europea supone un coste de entorno al 3-4% del PIB. En este cálculo se tienen en cuenta costes directos (cuidados del enfermo) e indirectos (pérdida de productividad y absentismo laboral).

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