El PSOE considera que hay privatización e inseguridad
El Grupo Socialista votó en contra tras recordar que entre octubre y noviembre se actuó de manera no conforme a la legalidad vigente, por lo que reclama la devolución de las multas y sanciones por estancia en el depósito de vehículos. Además, debería revisarse el contrato con la empresa, pues esta modificación no está recogida en el pliego de condiciones ni entre las funciones de los trabajadores de la grúa. "¿Qué pasará cuando haya problemas de tráfico? ¿Los regulará el operario? ¿Y cuándo haya tensiones con los ciudadanos? Ya se han producido agresiones", afirmó el concejal Joaquín Corona.
A juicio del PSOE, se habilita a los trabajadores de una empresa privada a que ejerzan labores de un servicio público, detrayendo esa competencia de la Policía Local. "Es un ejercicio de autoridad que se deriva de una infracción del código de circulación, pero ahora se delega en trabajadores de una empresa, va a generar inseguridad jurídica, van a privatizar un servicio público en aras de incrementar la recaudación. Es un auténtico despropósito", explicó Corona, quien añadió que sólo otras cuatro ciudades de España tienen implantado este sistema.
Además, considera que no se garantiza la protección de datos de los ciudadanos, pues todo procedimiento sancionador debe llevar aparejada la identificación de un funcionario público. "Así se privatiza una función de autoridad de la Policía Local, están en una carrera de privatizaciones permanentes. Parecen más un consejo de administración de una empresa privada que un equipo de Gobierno".
El concejal de Tráfico asegura que no hay afán recaudador
En su réplica, el concejal de Tráfico y Policía, Ángel Lago, aseguró que no se vulnera ningún derecho, "se ponga usted como se ponga". Y recordó que los operarios de la grúa se limitan a informar a la Policía Local, no a multar. Así que no se devolverá el dinero porque no se ha decretado como un acto nulo. Además, reiteró que no hay un afán recaudatorio ni incidencias con los trabajadores. Incluso un concejal del PSOE remitió una fotografía de un vehículo mal estacionado que dio pie posteriormente a una denuncia y hasta el alcalde recibe infracciones alertadas por los ciudadanos a través de las redes sociales.
"No hay peor mentira que una media verdad, léase bien la ordenanza, serán los policías los que multan, se cumplirán todas las garantías", continuó Lago, quien preguntó a Corona si en Barcelona, donde también se ha implantado el sistema "y gobierna el PSOE", también se privatiza el servicio, sin caer en la cuenta de que en Barcelona "quien gobierna actualmente es CiU con el apoyo del PP", como le recordó el edil socialista.
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