La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que hace un año el Gobierno decidió privatizar la seguridad de los centros penitenciarios. Así, durante los últimos días han ido llegando a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria afectados por la privatización una orden de la Dirección General de la Guardia Civil anunciando que a partir del próximo 1 de abril se incorporarán a estas prisiones varios vigilantes de seguridad privada como “refuerzo a los componentes de las FCSE que prestan servicio en los centros penitenciarios”. En principio están afectadas por esta medida 21 centros penitenciarios (19 de Guardia Civil y 2 del Cuerpo Nacional de Policía), entre ellos el salmantino de Topas.
En dicho documento se afirma que “en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las unidades de las Fuerzas de Seguridad, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto”, pero a continuación añade que “en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados por miembros de la seguridad privada”.
AUGC asegura que no tiene ninguna duda sobre la intención final del Gobierno, "privatizar la seguridad en las prisiones, porque de no ser así no habría adoptado la medida que comienza el 1 de abril, sobre todo teniendo en cuenta que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no precisan actualmente ningún refuerzo, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada". Y recuerda que hace un año se comenzó a ‘recolocar’ al personal de las empresas de seguridad privada afectadas por la reducción de escoltas en el País Vasco, lo que "no era sino una burda excusa para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porque, como ha podido saber la organización, no son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio".
Comunicado de Comisiones Obreras
CCOO denuncia que el proceso de privatización responde a "una línea ideológica ya que no tiene que ver con cuestiones ni de efectividad ni de ahorro". A su juicio, la norma vulnera el Reglamento Penitenciario (art 63) y el Estatuto Básico del Empleado Público (art 9.2) que establece la vigilancia de los centros penitenciarios por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado "Para ello han utilizado la opacidad del procedimiento restringido, que facilita sus fines de distribuir lo público entre empresas privadas", matiza.
Y añade que "es conocido que para el Gobierno los servicios públicos son una oportunidad de negocio. Pero una vez más, los negocios que son buenos para el Gobierno son muy malos para la sociedad y para la ciudadanía, que paga los servicios públicos, a la vez que perniciosos para las empleadas y empleados públicos penitenciarios".
Por eso, CCOO considera que desde el Ministerio de Interior "intentan reforzar su opción de mercantilizar las prisiones, tratando de engañar a los ciudadanos diciendo que lo hacen para dar una salida a los escoltas que trabajaron contra el terrorismo. Sin embargo, los propios escoltas ya han manifestado públicamente que sus alternativas no pasan por la vigilancia en las prisiones. Quienes ocuparán estas plazas serán vigilantes jurados, cuya formación para el acceso a Instituciones Penitenciarias se obtendrá a partir de la obtención de un simple módulo".
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