La Agencia Tributaria continúa remitiendo cartas a jubilados que en los años 50 y 70 emigraron hacia Alemania, Francia, Bélgica o Suiza, requiriéndoles que presenten las declaraciones de la renta de los últimos cuatro años, además de imponerles una sanción económica. Las cantidades que tienen que pagar, entre las liquidaciones y los recargos, oscilan entre 3.000 y 15.000 euros, pues están obligados a tributar por tener dos pagadores, al cobrar una pensión del extranjero y otra en España, y superar los 11.200 euros anuales.
Los recargos aplicados por Hacienda son del quince por ciento, algo que los afectados manifiestan no entender, pues se les había asegurado que no era necesario declarar esas prestaciones. Incluso algunos países como Alemania disponen de un convenio para evitar la doble imposición, algo que hasta octubre de 2012 eximía de tributar en España a las pensiones públicas de este país.
El Gobierno recuerda que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del año 2006, establece que "las personas físicas residentes en España tributan por su renta mundial, de modo que deben incluir, entre sus rendimientos del trabajo, las pensiones obtenidas, independientemente del lugar donde se hubieran producido y cualquiera que sea la residencia del pagador".
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