La polémica Ley de Seguridad Ciudadana ha sido otro de los puntos a tratar esta mañana en la asamblea del Sindicato Unificado de la Policía, donde han incidido en la necesidad de crear una definición exhaustiva de las funciones del cuerpo. SUP ha declarado que actualmente su sector se encuentra desprotegido al no contar con una seguridad jurídica clara y alega el riesgo que conlleva su profesión. Pilar Olalla, la vicepresidenta General del SUP, ha abordado el tema de las multas por agredir verbalmente a un agente que el anteproyecto de ley contempla y ha declarado que "el sindicato lo único que pide es seguridad ciudadana y eso no implica recortes para la ciudadanía". Asimismo, la vicepresidenta del sindicato ha pedido al Consejo de Ministros que elabore una norma que no genere vaguedades en su práctica, ya que, podría traer consecuencias principalmente para los agentes que desarrollen su actividad laboral en la calle.
Por último, el sindicato ha querido poner sobre la mesa la crítica situación que vive la Academia de Policía de Ávila y que se empezará a notar, estiman, en cinco años aproximadamente. Mientras en los años 80 y 90 se registraban cerca de 5.500 plazas nacionales, desde el año 2010 la oferta ha descendido hasta la barrera de las 150 plazas donde se ha estancado hasta la actualidad. El Sindicato Unificado de Policía afirma que estos datos se empezarán a notar en un corto período de tiempo tanto en la comunidad de Castilla y León como Salamanca en donde se encuentran cubiertas el 90%, cifra que sube hasta el 96 por ciento en el caso de Béjar. SUP añade que a este parón en cuanto al número de policías destinados a nuestra comunidad y, por ende, a Salamanca se le suman los problemas a los que se enfrentan los agentes salmantinos como la inexistente compensación económica ante el incremento de horas laborales o la multifuncionalidad de los agentes.
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