La economía sumergida se convierte, en tiempos de crisis, en un problema aún mayor, digno de tener en cuenta. Para luchar contra el empleo irregular, ahora que la situación laboral de muchos trabajadores es más vulnerable que nunca, y contra los fraudes a la Seguridad Social, varios expertos han puesto las cartas sobre la mesa. La Facultad de Derecho ha abierto las puertas de su Sala de Grados para exponer las nuevas disposiciones que ponen bajo control este conflicto de fraude y abuso. 

El letrado de Confaes, uno de los ponentes, ha manifestado que “es una preocupación de todos, gran parte de la actividad que hay se está cubriendo mediante economía sumergida”. El letrado ha explicado que se trata de una bolsa de empleo irregular y de fraude empresarial, que, asegura,  “tenemos que combatir entre todos”. Ha confirmado que llegan denuncias sobre estas situaciones de empleo a Confaes, casos de trabajadores sin dar de alta que permiten  a las empresas competir deslealmente. “Son trabajadores fraudulentos que se aprovechan de la situación de desempleo latente y permanente”.

El experto ha calificado a estas organizaciones empresariales de “casi criminales y delictivas”.  En cuanto a porcentajes reales de economía sumergida en Salamanca, se ha negado a dar cifras, dado lo difícil que es hacer una estimación de algo, como el propio nombre indica, “sumergido”, y se ha limitado a decir que “es mejor no decir nada”. Por su parte, el secretario provincial de CCOO, Emilio Pérez, insiste en que sí se pueden localizar los colectivos concretos que mantienen economía sumergida, y ha puesto como ejemplo al sector del comercio, la hostelería, y el de las empleadas del hogar, junto al conocido como “sector de falsos autónomos”, en el cual el trabajador se constituye como autónomo.

“Estamos viviendo un contexto en el que parece que todo está justificado”. En cuanto a las medidas que el empleado puede tomar, tanto Emilio Pérez como el secretario provincial de UGT, José Luis Hernández Rivas, coinciden en que la denuncia es la única solución, aunque las consecuencias hacen que poca gente se arriesgue a tomar parte. “Si el empleado denuncia, tiene que asimilar, lo primero, su despido, algo que mucha gente no puede permitirse hoy en día porque tienen que llevar dinero a casa”, ha dicho el secretario provincial de UGT.

 

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