En Castilla y León este servicio es gestionado por la Consejería de Educación que, a través de un concurso público, delega la contratación de los profesionales y su organización a una empresa privada. A partir de diciembre de 2012 se adjudicó la contrata, por motivos meramente económicos, a la empresa Atlas Servicios Empresariales, perteneciente al grupo Adecco, lo que trajo como consecuencia el despido de prácticamente la totalidad de los intérpretes que estaban llevando a cabo este servicio con anterioridad, procediendo a la contratación de nuevos profesionales.
En marzo de 2013, una sentencia judicial reconoció a las anteriores intérpretes el derecho a seguir trabajando en sus anteriores puestos, lo que conllevó, en mayo, a su reincorporación y despido de los profesionales contratados por Adecco. "La Consejería de Educación, como principal responsable de este servicio, ha consentido que el alumnado con discapacidad auditiva sufra la inestabilidad generada por dos cambios de intérprete durante un mismo curso escolar. Condiciones laborables lamentables, despreciando la figura y la importancia del intérprete en educación. No se entiende que la Consejería de Educación, como responsable de velar por la calidad de este servicio, permita esta mala gestión, que ha afectado a la vida de alrededor de 50 profesionales y a un número mayor de alumnos sordos", denuncian los intérpretes.
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