Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), ha pedido a sus colegas que "suspendan automáticamente todos los desahucios" que tengan previsto ejecutar próximamente, por "estar en cuestión" en Europa la legalidad de la normativa que los regula. Según Bosch, hay "dudas razonables" sobre la "legalidad" de la legislación española relativa a los desalojos puestas encima de la mesa por Europa, que en el plazo de dos o tres meses dictará sentencia acerca de la cuestión.

La asociación ha pedido que se modifique la legislación procesal española de manera que se puedan autorizar "quitas parciales" de la deuda y "aplazamientos" con el fin de reducir el número de personas que son desahuciadas por no poder pagar su hipoteca. En este sentido, denuncia el "fracaso" que ha supuesto el Código de Buenas Prácticas Bancarias impulsado por el Ejecutivo para frenar los desahucios.

Bosch ha denunciado que miles de familias han sido expulsadas de sus hogares desde 2007 y que actualmente se producen más de 500 desahucios cada día. La "alarmante dimensión" del problema ha provocado un "drama social", ha afirmado Bosch, que ha apuntado que en el ámbito judicial tienen "constancia" de que la cifra de suicidios vinculados a esos desalojos es "mucho mayor de lo que se cree" porque "la mayoría" de los casos no aparecen en los medios de comunicación.

Según ha explicado el portavoz, Jueces para la Democracia considera que "la legislación procesal concede a las entidades bancarias unos privilegios desproporcionados" que "limitan las posibilidades de defensa" de los ciudadanos. Ante las "situaciones abusivas" que eso genera, "pedimos una regulación procesal más igualitaria", ha manifestado.

Reclama que se apruebe una 'ley de sobreendeudamiento'

Concretamente, JpD reclama que se apruebe una "ley de sobreendeudamiento familiar" para que los jueces puedan valorar situaciones concretas en las que se puedan establecer "quitas parciales" de la deuda y "aplazamientos". La asociación también cree que se debe aprobar por ley, "con carácter imperativo, una moratoria en el pago de los préstamos", así como "regular la dación en pago con carácter retroactivo".

Bosch ha indicado que el incremento de los procesos de desahucio pone de manifiesto el "fracaso" del Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo con el fin de plantear alternativas a las ejecuciones hipotecarias y así evitar los desahucios. En su opinión, ese fracaso se debe a que el cumplimiento de las normas de ese código es de carácter voluntario y al "escaso número" de personas que se pueden acoger a él. "La sociedad ha hecho un gran esfuerzo económico para rescatar a los bancos" y eso, ha señalado, "justifica" que las instituciones públicas puedan imponer "limitaciones" a las entidades financieras.

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