Jueces para la Democracia ha exigido una reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y ha criticado alguna de las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de Justicia. Así, consideran que su regulación es “muy deficiente, pésima y no aborda las garantías como exigen los estándares que establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
 
A su juicio, el modelo actual de la LECrim provoca situaciones “paradójicas” como que “la misma persona que investiga hechos delictivos, al mismo tiempo, tiene que garantizar los derechos de la persona investigada”, algo que puede llevar a situaciones “esquizofrénicas”. Por eso, medidas como la de la cadena perpetua, la modificación de la Ley del Aborto, la introducción de la multireincidencia o el recorte en el derecho a la segunda instancia mediante tasas disuasorias son medidas “que establecen una determinada concepción de la Justicia anclada en una concepción concreta de la política económica de sesgo neoliberal”. 

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