El Consejo de Gobierno ha aprobado la adhesión de la Junta de Castilla y León al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, que se pactó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 6 de marzo. Con ello se da el primer paso para agilizar el abono de la deuda pendiente con las empresas que han contratado obras, suministros o servicios con la Administración.

La Junta ha decidido acogerse a este sistema porque supone una inyección inmediata de recursos en un momento en que las autonomías se enfrentan a especiales dificultades para acceder al crédito. Se trata de una postura coherente con la expresada reiteradamente en el CPFF por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que durante meses solicitó al anterior Gobierno una fórmula de financiación que dotara de mayor liquidez a las comunidades. Esta demanda, que no fue atendida, se ve satisfecha ahora para aquellos proveedores del sector público que así lo decidan voluntariamente.

 
El pacto alcanzado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera establece que para acceder al sistema es preciso solicitarlo antes del 1 de abril. Para formalizar la petición es preceptivo enviar una copia del acuerdo de adhesión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, gestión que ya puede realizarse en virtud de la decisión adoptada. El siguiente trámite será enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un listado con las obligaciones pendientes de pago que pueden financiarse mediante esta línea de préstamo, conforme a los criterios fijados por la Comisión de Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno el pasado 22 de marzo. El plazo para facilitar esta relación concluye el 15 de abril.
 
Plan de ajuste antes de un mes

Ahora bien, el principal requisito para acceder al préstamo es presentar un plan de ajuste antes del 30 de abril, que será público y está siendo elaborado por la Junta de Castilla y León siguiendo las instrucciones marcadas por la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

 
Ese documento incluirá la descripción y el calendario de aplicación de las medidas para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad del año 2012 y siguientes. Así, detallará las fases de la reestructuración del sector público autonómico y las acciones para limitar o rebajar los gastos de sus órganos de dirección y administración; las reformas estructurales para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo; las iniciativas para reducir cargas burocráticas a ciudadanos y empresas y el ahorro que suponen; y una previsión de ingresos corrientes ligada a las estimaciones oficiales de evolución del PIB y a los recursos obtenidos entre 2009 y 2011.

Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios

Destacados
Lo más leído