Así, sostiene que el coste medio de adquisición de un vehículo por renting con las características básicas que requieren los servicios de las administraciones, tales como la policía, no supera los 18.000 euros, frente a los más de 22.500 euros en que éstos oscilan bajo el modelo de compra directa, lo que se traduce en un ahorro de 4.500 euros por vehículo. Hoy en día, sólo la tercera parte de las cerca de 100.000 unidades que conforman el parque de las administraciones públicas se encuentra bajo el modelo de alquiler a largo plazo con servicios de mantenimiento y reparación incluidos.
Concretamente, alrededor de 2.000 entidades públicas concentran el cinco por ciento de los coches de renting que se mueven en España, de los cuales los ayuntamientos -con una cifra cercana a los 1.500- son los principales usuarios de este tipo de vehículos. Por autonomías, la Comunidad de Madrid, con una reducción del gasto en vehículos oficiales de 26,5 millones de euros; Cataluña, con un recorte superior a los 18 millones, seguidas de Andalucía y Comunidad Valenciana, con 5,5 millones, son las regiones que más ahorrarían con esta medida. El Gobierno Vasco también lograría un recorte significativo, reduciendo su presupuesto en movilidad en 3,8 millones de euros; seguido de la Xunta, de Galicia que ahorraría 2,2 millones si gestionase su parque oficial a través del renting.
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