En la provincia salmantina, el 99,1% de las personas con dependencia que tienen derecho a una prestación la recibía a 31 de diciembre del pasado año. Según asegura la Junta de Castilla y León en un comunicado, a lo largo de la legislatura se ha reducido el número de personas que esperaba para recibir su prestación en 14 puntos, pasando del 14,8% al 0,9% a finales del pasado año (83 personas).
"Este dato, que evidencia que todas las personas con derecho están atendidas y que no existe lista de espera en la provincia, contrasta con la media nacional, donde aún existe un 18% de personas que se encuentra a la espera de percibir la prestación. Esto demuestra que, pese a las dificultades, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha seguido concediendo prestaciones e incorporando a nuevos dependientes", añade la Administración autonómica.
En Salamanca, al igual que ocurre en el conjunto de la Comunidad, son numerosas las personas que no solo reciben una prestación. La flexibilización en el acceso a las prestaciones y la ampliación de compatibilidades puesta en marcha en la Comunidad hace que prácticamente el 22% de las personas reciba hasta dos prestaciones de forma simultánea. De esta situación se benefician alrededor de 2.000 salmantinos. De esta forma, 9.114 personas -3.517 con domicilio en la capital y 5.597 en la provincia- reciben un total de 11.102 prestaciones, lo que supone 2.144 prestaciones más que al inicio de 2011. Es decir, durante ese periodo se ha incrementado en un 24% el número de prestaciones.
La atención a las personas en situación de Dependencia se presta prioritariamente a través de servicios profesionales, tal y como establece la Ley. Los servicios en Salamanca representan el 73% de las prestaciones (8.074), frente al 27% que son ayudas por cuidados; un porcentaje incluso superior al registrado en el conjunto de la Comunidad (71%). A lo largo de esta legislatura se han incrementado en diez puntos las prestaciones por servicio en Salamanca.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades asegura que mantiene su apuesta por la atención profesional, pese a su mayor coste, y garantiza que todas las personas puedan acceder a un servicio, con independencia de cuál sea su capacidad económica. Así, incrementó las cuantías máximas destinadas a los servicios profesionales en relación a la marcada por el Gobierno central, de tal forma que en la Comunidad un dependiente con grado tres puede llegar a percibir 858 euros, frente a 714 euros establecidos en el Real Decreto estatal de 2012 -143 euros mensuales más-, o un dependiente de Grado dos 745,71 euros, frente a 426,12 euros -319 euros más al mes-. Junto a esto, acordó con el sector establecer unos precios máximos de referencia para cada uno de los servicios, de tal forma que cualquier persona, sumando el importe de la ayuda que le proporciona la Administración y su capacidad económica, disponga de entre 1.100 y 1.500 euros para acceder al servicio que precise.
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