Las organizaciones sindicales y la Junta de Castilla y León han alcanzado este jueves un acuerdo por el que el pago pendiente de los 44 días devengados de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 se realizará en dos partes: el 45% en mayo y el 55% en enero de 2015. Acuerdo que hace una semana parecía imposible al estar enquistadas ambas partes en sus posturas, pero la Administración autonómica ha cedido para evitar así el sobrecoste que le está suponiendo tener que pagar las costas de todas las demandas que está perdiendo.

Reacciones de CSI-F

 
La Central Independiente y de Funcionarios (CSI-F) se muestra satisfecha tras el acuerdo alcanzado. Considera que ha sido “el mejor acuerdo posible, en una negociación que ha resultado muy difícil, y en la que CSI-F ha vuelto a realizar un ejercicio serio de responsabilidad, buscando el consenso, pero defendiendo al mismo tiempo el derecho de los empleados público, a los que no se les tenía que haber quitado esa parte devengada”.
 
El presidente autonómico de CSI-F, Carlos Hernando, valora positivamente que, finalmente, se haya alcanzado un consenso con la Consejería de Hacienda, a través del “mejor acuerdo posible que se ha podido firmar”. Respeta el derecho de los empleados públicos, y evita que la administración regional tenga que pagar los costes de una masiva presentación de reclamaciones judiciales. Hernando destaca el ejercicio de responsabilidad de las organizaciones sindicales y el hecho de que Castilla y León sea la tercera administración regional, junto a Canarias y Extremadura,  que pagará a sus empleados públicos la parte devengada de la extra suprimida en 2012.  
 
CSI-F también ha querido aclarar que el primer pago que se abone en mayo se hará a finales de mes, después de la celebración de las elecciones europeas, precisamente “para no relacionar los dos asuntos, y para no alimentar posibles interpretaciones en clave política. En nuestro sindicato independiente, el único interés y objetivo ha sido conseguir que los más de 86.500 empleados públicos de la administración regional reciban cuanto antes un dinero que es suyo, y que no se les tenía que haber quitado”,  añade Hernando.
 
El sindicato ha incluido una cláusula de seguridad en el acuerdo, por la que se obligaría a la Junta de Castilla y León a adelantar el pago de la parte devengada de la paga en caso de que el Gobierno central decidiera ejecutar antes la devolución, por decisión propia o por exigencia del Tribunal Constitucional, que tendrá que decidir sobre el asunto. En este sentido, CSI-F advierte que el acuerdo alcanzado sobre la parte devengada no tiene que ver con la reclamación judicial presentada en el Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la supresión de la paga extra de 2013. El sindicato espera que haya una resolución judicial cuanto antes en este asunto.

STECyL

STECyL-i califica de "una tomadura de pelo más para el personal empleado público" el acuerdo alcanzado entre Hacienda y las centrales sindicales. Así, considera que este acuerdo sobre la devolución de la parte proporcional de la paga extra diciembre 2012 supone u"na interpretación descafeinada de lo que vienen dejando claro las diversas sentencias judiciales conocidas: al menos la sustracción de la parte ya devengada (44 días) es ilegal y las administraciones públicas deben proceder a su devolución"

Por eso, insisten en que los tribunales ya lo han dejado claro. "Las administraciones deben tomar nota y dejar de persistir en el abuso cometido en 2012. Por ello, para el abono de la parte proporcional  reconocido por las sentencias, reclamamos al Gobierno regional la misma diligencia y prisa que emplearon para meter la mano a nuestras nóminas y quitárnosla. La Junta debe abonarla en su totalidad sin más retrasos e iniciar negociaciones para la devolución en 2015 del resto de la paga extra sustraída".

STECyL-i denuncia que las negociaciones hayan sido monopolizadas por cuatro centrales sindicales sin que el resto de organizaciones de la Plataforma regional de empleados públicos haya podido debatir sobre el asunto. Y tampoco esta negociación ha pasado por las diferentes Mesas sectoriales de Educación y Sanidad.

Comisiones Obreras

CCOO considera que el acuerdo alcanzado es un paso más hacia la devolución de la totalidad de la paga extraordinaria, "injustamente eliminada en el año 2012, y por la que continuaremos peleando en el Tribunal Constitucional. Supone, asimismo, un reconocimiento por parte de la Administración Autonómica de que se cometió una ilegalidad con la totalidad de los trabajadores y trabajadoras que ahora se ve restablecida".

Por otro lado, a su juicio esta solución evita el pago de elevadas costas judiciales con dinero público, ya que la Administración tenía perdidas de antemano todas las demandas puesto que la ley no permite la retroactividad de las medidas legislativas, algo que había ocurrido en el presente caso. CCOO ha propuesto también en esta reunión un compromiso para abrir la negociación de la oferta de empleo público, la carrera profesional, la ampliación de la conciliación familiar y el concurso de traslados abierto y permanente.

Igualmente  se pondrá en marcha una campaña de dignificación del los empleados y empleadas públicas tal y como planteó con la campaña realizada 'Es público, es tuyo, Sálvalo'. "Desde CCOO queremos decir que siempre apostó por el acuerdo, más allá de que la fórmula concreta pueda ser más o menos satisfactoria. Este hecho supone una inflexión de un largo periodo de recortes para los empleados públicos y un impulso para seguir en la lucha por la recuperación de los derechos perdidos y en defensa de lo público", concluye el sindicato.

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