La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha presidido el Consejo Regional de Personas con Discapacidad, el máximo órgano de consulta y de participación social en la atención a las personas con discapacidad de Castilla y León. Durante la reunión, la consejera ha hecho un repaso de las actuaciones realizadas por su departamento y ha explicado los hitos más relevantes para el futuro.
Así, se ha detenido a explicar el contenido de la futura Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, pactada ya con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que recoge un nuevo enfoque de la atención a estas personas, basado en los principios de no discriminación, de acción positiva, de defensa y protección jurídica, de sensibilización e información y medidas de prevención y promoción de la autonomía personal.
El proyecto de ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que consta de 77 artículos, culmina estos días su tramitación administrativa. El texto ha sido remitido ya al Consejo Económico y Social para que emita el preceptivo informe y, posteriormente, se enviará al Consejo Consultivo. Son los pasos previos para que la Ley llegue a las Cortes, previsiblemente antes de verano.
No se trata de reconocer nuevos derechos para las personas con discapacidad, más allá de los recogidos en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, sino de garantizar una real igualdad de oportunidades para este colectivo y la efectividad de los derechos y deberes de las aproximadamente 161.200 personas con discapacidad que residen en Castilla y León -el 6,3 % de la población castellana y leonesa-, pero también de aquellas personas en riesgo de padecer una discapacidad y sus familias.
El texto supone, según ha afirmado Marcos, "un avance fundamental en el compromiso que mantiene la Junta de Castilla y León con la atención y promoción de este colectivo". La consejera ha explicado que la principal ventaja de esta Ley es que logrará la integración en un único texto legal de todas las medidas impulsadas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.
Se establecerá, para ello, una doble estrategia de intervención. Por un lado, se luchará contra la discriminación y por la accesibilidad universal y, por otro, se fijará una política transversal en materia de discapacidad. De esta manera, se desarrollarán medidas específicas en nueve áreas competencia de la Administración Autonómica: salud, educación, empleo, servicios sociales, cultura, deporte, turismo, ocio y medio ambiente, así como actuaciones de sensibilización e información, de accesibilidad, de participación y de planificación.
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